Hecatombe en la fe pública

  Soy un letrado ya con una experiencia considerable en el ejercicio de la profesión y me preocupa el proceso de degradación que se está produciendo en la misma, especialmente por el mal funcionamiento de la Justicia que padecemos en España.        

  Por referencias de otros compañeros más veteranos tuve noticias del sólido puntal que el notariado representaba en la sociedad española de los años cuarenta, cincuenta y sesenta y ya en los setenta, por experiencia propia. Siempre le tuve, además una especial simpatía por ser el único organismo de la Administración del Estado que funciona con gran agilidad y rapidez, a diferencia del resto de la Administración que parecen  poseídas por el espíritu de las tortugas.      

    Al iniciarse los años ochenta, los vientos empezaron a cambiar y, según avanzaban los mismos y hasta ahora no dejaron de crecer en su fuerza y adversidad.        

  Aquel funcionario docto, imparcial y protector de la parte más débil es empujado por las reformas legales y los poderes económicos y políticos hacia una especie de pre-inspector de hacienda pseudopolicía, a la vez que por un mal entendido sentido de la competitividad se le trata de convertir en un mercader.      

    Las sucesivas rebajas del arancel de 1989, aproximadamente unas sesenta, la disminución, por no decir eliminación del turno y sus medidas compensatorias, las intervenciones del tribunal de la competencia confundiendo la competitividad en la eficacia en el ejercicio de la actividad funcionarial con la competencia mercantil ejerce un efecto desnaturalizador de la función a la par que permite la actuación de un organismo concebido para combatir la tendencia al monopolio de las empresas en el funcionamiento de un órgano de la Administración, actividad, por otra parte, para la cual consideramos que carece de competencia.     

     Se trata de socavar su independencia, de poner en dificultades su imparcialidad, de distorsionar la función para la que fue creado.         

 Todo este fenómeno tiene una razón de ser clara la existencia de un funcionario altamente capacitado, imparcial y por lo tanto protector de los menos favorecidos es algo abominable a los ojos de la oligarquía político-financiera que trata de sojuzgarnos bajo la apariencia de una democracia cada vez menos formal. ¿Cómo sino se puede entender que los bancos tenedores de letras pueden hacer los protestos en los que son parte? Ya se han apoderado de la mayor parte de la gestión de los documentos, cobrando por ello el triple o el cuádruple de lo que suponía antes el trámite a través de las notarias.       

   La posición de la abogacía ante este problema es dispar, por un lado los abogados sensatos que consideran que los malos arreglos son mejores que cualquier pleito ven en el notario una institución imprescindible, por otro los buscadores de pleitos a cualquier precio (por desgracia hoy en día tan abundantes) esperan sacar provecho de las turbulencias del río, olvidándose de que en el mismo hay “cocodrilos” mucho más poderosos que ellos.         

Me extraña la postura de la OCU pues si su fin es defender al consumidor debía abogar por la existencia y potenciación de ese funcionario imparcial que defiende los intereses de sus asociados, por eso no tiene sentido la reclamación económica, que si bien globalmente puede ser una cifra importante, lo que ha de pagar cada consumidor en cada caso generalmente son cantidades muy pequeñas.       

   Además la fe pública tiene que financiarse de algún modo o bien con cargo a los presupuestos generales del Estado, lo cual en principio es más gravoso para el Erario, o bien mediante el actual sistema de arancel que en el fondo no deja de ser más que la tasa con la que se sufraga el entramado administrativo que permite el ejercicio de la misma. En este punto creo que es necesario señalar que los emolumentos que se abonan por servicio notarial no son los ingresos del notario, como demagógicamente se quiere hacer creer, por desgracia con fortuna, sino que sostienen el mantenimiento de la propia oficina, una oficina pública, no un despacho profesional.        

  Es un tema amplio y complejo en el que no nos vamos a extender más porque los espacios periodísticos no deben ser largos pero sí pueden dar lugar a otros comentarios y reflexiones en el futuro sobre otros pormenores del mismo.       

   Pero no quisiéramos terminar sin hacernos una pregunta: ¿Será la OCU un organismo del mismo tipo que los sindicatos, de esos que buscan el beneficio de sus dirigentes y no el de aquellos a los que dicen representar?