Perteneciente al Conjunto Histórico Artístico del Monasterio de San José y de San Roque, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983, sobre el que la entidad había pedido al juzgado medidas cautelares para paralizar el derribo, al que se han opuesto vecinos.

La organización de juristas acusa a la primera edil de la supuesta comisión de delitos de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio y pedirá también su inhabilitación para ejercer cargo público, según informa la entidad en una nota, en la que detalla que ya ha iniciado además acciones por la vía contenciosa por "las numerosas irregularidades cometidas".

Al respecto, denuncia que "la decisión de destruir el monumento no se ha aprobado en Pleno, ni cuenta con el proyecto competente para actuar en un entorno BIC, por lo que es completamente ilegal".

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, desvela que "la propia alcaldesa ha reconocido que desde Cultura les han dicho que no pueden demoler la cruz amparándose en la Ley de memoria Histórica, lo que evidencia que la decisión de derribo del monumento parte de la discriminación y animadversión de la mandataria hacia los cristianos".

Castellanos critica que, con esta acción, "el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera lo único que ha buscado es acabar con un símbolo cristiano, tal y como se ha visto en otras localidades gobernadas por los mismos partidos".

Sobre las 10,30 horas de este martes ya se encontraba una grúa en la zona para proceder a su destrucción, mientras que varios vecinos han acudido al monumento para frenar su derribo y expresar reproches por dicha acción. La organización de juristas asegura que "la cruz no incumple con la Ley de Memoria Histórica, ya que no contiene ni ninguna inscripción".

LA ALCALDESA

Por su parte, la alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores (IU), ha anunciado este lunes que se retirará de modo "inminente" y apuntó que desde que se constituyó el Consejo Sectorial de Memoria Histórica "se han puesto sobre la mesa diferentes asuntos" y "este equipo de gobierno intenta ser consecuente, responsable y actuar".

Al hilo, ha recordado la retirada del yugo y las flechas de la barriada del Carmen, a la vez que está pendiente la retirada de honores y distinciones a Franco y otra actuación es la retirada de "la Cruz de los Caídos, por las connotaciones que tiene".

Entretanto, desde Cultura han detallado que la cruz no está vinculada directamente con la Ley de Memoria Histórica, porque ya se quitó la placa en su momento, pero sí han apuntado a la retirada de la cruz por "estar entorpeciendo la visibilidad de un monumento histórico catalogado" y que "no se sustituya por ninguna otra cosa", todo ello según la versión de la regidora.

Igualmente, el secretario provincial de Organización de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha expresado este lunes su "preocupación ante las declaraciones que hizo el obispo de Córdoba", Demetrio Fernández, durante la misa del domingo en Aguilar, a cuenta de la polémica sobre la pretensión del Ayuntamiento del municipio, gobernado por IU, de retirar la Cruz de las Descalzas, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, a lo que se opone Vox.

En este sentido y en un comunicado, para Pérez, lo dicho este domingo por Demetrio Fernández está "en la línea de un obispo que en muchas ocasiones se ha manifestado a favor de posiciones reaccionarias y antidemocráticas".

Mientras, el diputado provincial de IU y delegado de Memoria Histórica en la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández, ha resaltado que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía "establece en su artículo 32 la obligación de las administraciones públicas de retirar los elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática y a la dignidad de las víctimas" del franquismo.

Por eso, "elementos como la cruz que se instaló en homenaje a los 'caídos', según la terminología franquista, son contrarios al articulado de esta Ley, y su retirada nunca puede entenderse como un ataque a los sentimientos religiosos ni de ningún tipo, como ha dado a entender el obispo, sino como una reparación a las víctimas del golpe de estado y de la dictadura franquista".

Para Hernández, "esta cruz sigue rememorando y exaltando la dictadura en el espacio público, algo inexplicable 40 años después y que no sería aceptable en ninguna democracia europea" y, por ello, "desde la Delegación de Memoria vamos a defender y a ayudar a los ayuntamientos en todas las actuaciones dirigidas a la consecución de los derechos de verdad, justicia y reparación, y quienes se opongan nos tendrán enfrente y con la ley en la mano".

"NO TIENE LA NECESARIA SOLIDEZ JURÍDICA"

Y el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, tras las quejas remitidas por "miles de aguilarenses", ha advertido de que "es inadecuado y una acción injustificable el hecho de que esta corporación municipal, liderada por IU, quiera llevar a cabo el derribo de esta cruz".

"Entendemos que además no tiene la necesaria solidez jurídica, en tanto en cuanto, estamos hablando de un elemento categorizado dentro de un conjunto declarado Bien de Interés Cultural, por tanto, no se ajusta a las leyes", ha subrayado en una nota.

Hernández ha avisado de que "a pesar de no ser el momento idóneo para tomar estas decisiones por la crisis sanitaria, económica y social que vivimos, en Vox vamos a intentar paralizar con todo lo que sea necesario el derribo de esta cruz tan importante para Aguilar de la Frontera".

De igual modo, el portavoz de Vox en la Diputación, Rafael Saco, ha manifestado que "estos talibanes de la Memoria que gobiernan en Aguilar lo que quieren es acabar con la cultura religiosa e histórica de la localidad".