El Consejo General de la Abogacía (CGAE) y las asociaciones de jueces y fiscales comparten su preocupación por la situación actual que atraviesa la Justicia y han aunado esfuerzos para conseguir un Pacto de Estado por la Justicia y lograr que se declare la inconstitucionalidad de las nuevas tasas, que entrarán mañana en vigor después de haber sido publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.   

 Así lo han expresado después de haber mantenido este martes un encuentro el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, y la Comisión Interasociativa, que agrupa a las asociaciones de jueces y fiscales.  

  Estos colectivos han manifestado su voluntad de trabajar, "bajo el concepto de unidad de acción", con el "firme" compromiso de colaborar para mejorar la situación de la Justicia y prestar un mejor servicio al ciudadano.  

  "En aras de conseguir estos objetivos -aun cuando no existe una única identidad de criterio entre todos los colectivos- se han establecido canales de comunicación y colaboración para alcanzar los fines propuestos mediante acciones unitarias", advierte en un comunicado la Abogacía.

APOYO A LAS CONCENTRACIONES DE JUECES  

  Además, buscarán fórmulas conjuntas para conseguir un Pacto de Estado por la Justicia y aunar esfuerzos para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de tasas judiciales y la modificación del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, determinarán en breve "acciones concretas" para impulsar estas medidas.

   Los jueces y fiscales han mostrado su apoyo al manifiesto impulsado por la Abogacía exigiendo la retirada inmediata de la ley de tasas y pidiendo al Ministerio que escuche a los profesionales. La institución dirigida por Carnicer también ha agradecido al PSOE que atienda su petición y haya anunciado su intención de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.   

 Los Colegios de Abogados han mostrado su apoyo a las "justas" reivindicaciones de los magistrados, cuyos representantes han anunciado la celebración de concentraciones de jueces para este viernes ante el Ministerio de Justicia y todas las sedes judiciales.

 OPOSICIÓN DE USO Y DEL SISEJ

    Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales ha mostrado sus dudas a la compatibilidad de la ley de tasas judiciales con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. "S e trata de una norma sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico en el período constitucional", ha agregado.  

  A su entender, el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón ha optado por excluir "deliberadamente" a muchos ciudadanos del acceso a la Justicia, en vez de por reformar estructuralmente y cambiar el modelo en la Justicia. Critica que la norma supone una "nueva denigración" para su colectivo al convertir la exigencia de la tasa en un requisito procesal "inexcusable" y al secretario judicial en un "mero recaudador".  

 "Desde el SISEJ anunciamos una intensa actividad sindical y llamamos a   todos los Secretarios Judiciales interesados, con independencia de su   afiliación, a ponerse en contacto con el sindicato. Ni podemos, ni queremos ni vamos a ser neutrales ante la injusticia", concluye.  

  Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) también ha rechazado "frontalmente el tasazo" al considerar que sólo quienes tengan recursos podrán recurrir "sin menoscabo de su patrimonio".  

    "La nueva Ley amplía su contenido a todas las personas físicas y al ámbito de los procedimientos laborales, lo que unido a las facilidades que da la reforma laboral, hará que muchos trabajadores sin recursos tengan que asumir sin poder recurrir su despido", añade en un comunicado.  

  "A partir de mañana todo el que recurra a un juzgado tendrá que pagar, gane o pierda el pleito. Eso hará que se recurra menos a demandar lo que en justicia los ciudadanos creen que les corresponde", concluye el sindicato, que entiende que el texto supone una muestra más del "afán recaudatorio" del Gobierno y no mejora este servicio.