"Es una realidad invisible", afirma Fátima Aloriza, trabajadora social y coordinadora del Programa de Apoyo a la Acogida Extensa en la Asociación Valenciana de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF). Explica que es la modalidad "que históricamente se ha llevado a cabo" sólo que antes los niños estaban sólos porque los padres habían muerto en la guerra o habían tenido que emigrar y ahora la realidad es bien distinta.

   "En la mayor parte de los casos estas situaciones, lo más habitual es que el familiar ya se esté haciendo cargo de ese niño antes de que llegue la medida de protección. Hablamos de padres con problemáticas principalmente de adicciones, salud mental y encarcelamiento. Son situaciones que afectan a los niños pero también a las familias, a los padres y hermanos de edas personas", explica en una entrevista con Europa Press.

   Se trata, según afirma, de familias que al cabo de un tiempo de ejercer como padres necesitan cobertura legal para ello. "Ahí es donde entra la administración, que declara al menor en desamparo, asume su custodia y concede la guardia y tutela a ese familiar", señala la experta. Es una experiencia menos traumática para el menor, que tiene ya un vínculo establecido con sus acogedores.

   No obstante, también hay situaciones de pérdida súbita de la custodia en las que el menor es directamente declarado en desamparo y pasa a tutela de la administración pública hasta que se localiza y evalúa a un familiar que quiera y pueda hacerse cargo de él. Si bien el procedimiento suele ser ágil si hay un pariente dispuesto, la experta señala que varía mucho en función del caso y de la administración que lo gestione. Un niño puede pasar "un día, una semana o tres meses" en un centro de menores esperando a poder irse con ese familiar.

ABUELOS EN CONFLICTO CON SUS HIJOS

   Aloriza comenta que socialmente se tiende a pensar que por tener vínculo de sangre estas personas tienen la responsabilidad de quedarse con los niños y a menudo se desatiende la problemática que puede suponer para ellos, en muchos casos abuelos, pensionistas con pocos recursos, que han de afrontar la educación de un niño de corta edad y gestionar además el conflicto que ha desatado el abandono perpetrado por uno de sus propios hijos.

   "Son situaciones muy difíciles. Los servicios de protección tienen que buscar a los padres y procurar que voluntariamente cedan la custodia a sus familiares. Esto que algunos ven como un favor que les están haciendo, se plasma sobre un papel en una resolución administrativa que en muchos casos puede impedir que el padre establezca contactos con sus hijos. Es ahí donde empiezan los probelmas con su propia familia, cuando por ejemplo los abuelos consideran que su propio hijo no está en condiciones de ver al niño y deciden impedirlo", señala.

AUSENCIA DE UN SEGUIMIENTO SISTEMÁTICO

   En estas situaciones el acompañamiento de las familias acogedoras es a su juicio "fundamental" y por eso reclama que se implanten protocolos para "un seguimiento sistemático" de estos casos. Afirma que en la mayoría de los acogimientos y aunque existe el deber legal de vigilancia por parte de los servicios sociales, "los acogimientos se formalizan y ya está, si no hay noticias son buenas noticias y si las hay, es que algo ha pasado".

   "No hay un protocolo ni una normativa estatal. Sí se establece siempre que las familias de acogida necesitan un seguimiento y un acompañamiento pero no hay ni medios materiales ni humanos para poder hacerlo de forma sistemática, y es una vez en contacto con la familia cuando descubrimos cosas y necesidades que hay que cubrir", afirma la experta.

   Afirma que ese seguimiento sistemático es imprescincible en todos los casos porque "tarde o temprano se plantean cuestiones a las que hay que atender y que tienen que ver con cómo hacen los niños el trabajo de elaboración de su situación familiar" porque "tienen que vivir con la realidad del abandono de sus padres". "Es un malestar que siempre va a estar ahí y que tienen que saber gestionar", comenta.

   Pone otro ejemplo que justifica ese seguimiento, y es la necesidad que ha encontrado de "explicar a los acogedores que asumir la custodia de mutuo acuerdo no significa que el padre pueda hacer lo que le dé la gana" y "adiestrarles" para establecer "un régimen de contactos con el menor supervisado y organizado", algo que no es fácil cuando "a quien están negando la entrada en su domicilio es a su propio hijo".

"UN MALESTAR PARA SIEMPRE"

   "Cuando los padres entran y salen cuando quieren se genera una situación muy complicada que de alguna manera pone en riesgo a los niños, que son a quienes hay que proteger y que de hecho en muchos casos no están siendo protegidos", afirma. Cita casos de padres o madres con problemas de adicción que acuden a la vivienda a pedir dinero o que pasan unos días allí conviviendo con los abuelos y el niño y después "desaparecen".

   Es un trabajo con las familias acogedoras al que la administración pública no siempre llega. "Depende del ayuntamiento, de sus técnicos, del nivel de preparación que tengan y sobre todo de sus posibilidades materiales y se ha recortado mucho en los últimos años en servicios sociales", denuncia. AVAF trabaja con casos derivados desde el consistorio valenciano, ya sea para intervención directa o seguimiento. Al cierre de 2015 atendía a 74 familias con 93 menores.