Dos ejemplos son las legumbres y frutas o las patatas, entre un 12% y un 6% más caras.

En un comunicado, advierte que el índice de precios al consumidor (IPC) relativo a la alimentación ha aumentado un 2% mientras el general ha bajado un 1,2% en lo que va de 2020, con lo que "la cuota de mercado de grandes distribuidores ha subido durante el confinamiento".

Esto demuestra, a su juicio, que las administraciones públicas han favorecido a estas cadenas limitando el uso de los canales cortos de comercialización y los mercados de venta no sedentaria: "Han eliminado de un plumazo la poca competencia que podían hacer estos canales de distribución a gigantes".

Productos como las legumbres y las frutas frescas (+11,3%), las patatas (+5,8%) o la carne de ave (+3,3%) han sufrido importantes subidas para los consumidores. En contrapartida está el caso de las cebollas, con "precios irrisorios para los productores valencianos hasta el punto de dejar una parte de la cosecha en el campo sin recolectar".

Mientras, en los precios pagados a agricultores, el de la berenjena, el pepino o la fresa ha caído por debajo del 60% entre marzo y abril, al igual que el calabacín (-41,4%), el plátano (-36,5%), la mantequilla (-13,4%), el pollo (-7,1%) o la ternera (-3,1%).

El eslabón mayorista, en cambio, ha mantenido una tendencia creciente en precios percibidos. Todos estos datos indican, para la Unió, que la subida del precio de la cesta de productos alimentarios del IPC se debe a un mayor margen de beneficio de los intermediarios y las grandes cadenas de supermercados y no para los agricultores y ganaderos.

Ya ha denunciado en los últimos años el incremento constante de la brecha de precios ente consumidores y productores, acrecentada particularmente en esta crisis sanitaria y que afecta significativamente a la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria.

Su organización estatal, Unión de Uniones, ha propuesto 14 enmiendas en el proyecto de ley sobre medidas urgentes para el sector agrario, actualmente a debate para la actualización de la Ley 12/2013 sobre cadena alimentaria.

Entre ellas, la regulación de la posición dominante dentro de la cadena, el refuerzo del marco legal relativo a las sanciones y denuncias, mejoras en la definición de venta a pérdidas y la ampliación del listado de prácticas desleales, mecanismos "clave" para mejorar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena de valor.