La organización ha reclamado también que se retiren todos los cargos en contra del activista que, tras "años de vigilancia digital ilegítima y de acoso judicial", fue detenido el 29 de diciembre y tiene prevista para el 27 de enero su siguiente sesión de investigación ante un juez de instrucción.

En cartas de noviembre de 2020 y enero de 2021 dirigidas a la organización, el Gobierno marroquí negó que Monjib estuviera en el punto de mira por su trabajo de Derechos Humanos, aunque "facilitó involuntariamente detalles que parecían corroborarlo al mencionar que había recibido fondos del extranjero para organizar talleres destinados a la promoción del derecho a la libertad de expresión".

En este sentido, Amnistía Internacional ha asegurado que cree que los cargos formulados contra el defensor tienen relación con actividades protegidas por el derecho a la libertad de asociación que "no justifican el enjuiciamiento ni la detención".

"Desde que concedió a los medios una entrevista de gran repercusión en la que criticó a la agencia de inteligencia interior de Marruecos por reprimir a oponentes políticos, Monjib sufrió, primero, el acoso policial, y ahora, un juicio mediático", ha lamentado la directora regional adjunta para Oriente Próximo y el Norte de África de AI, Amna Guellali.

Asimismo, ha asegurado que esto "no es más que el capítulo más reciente del incesante afán de las autoridades de limitar el derecho a la libertad de expresión de Monjib y someterlo mediante la intimidación", al tiempo que ha reclamado que se cese el "hostigamiento y la intimidación" al activista con la retirada de cargos y la apertura de una investigación "independiente y transparente" sobre la "vigilancia digital ilegítima a la que estuvo sometido".

CARGOS CONTRA MONJIB

Monjib, académico a menudo crítico hacia la vulneración de los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Marruecos, ya había afrontado cargos falsos y el enjuiciamiento en 2015. El 7 de octubre de 2020, y previa notificación de la Unidad de Tratamiento de Información Económica, la fiscalía del Juzgado de Primera Instancia de Rabat abrió una nueva investigación contra él por presunta malversación y blanqueo de dinero.

Antes de su detención, la Policía judicial de Rabat y Casablanca lo había citado en varias ocasiones para investigaciones en relación con estos cargos.

Según ha criticado Amnistía Internacional, los abogados del activista no tuvieron acceso a las pruebas presentadas contra él en esta nueva causa hasta el día del juicio, cuando pudieron leer parte del contenido del sumario y, hasta la fecha, se les ha negado una copia de la documentación, "lo que vulnera el derecho a un juicio conforme a las normas internacionales".

Por su parte, en dos cartas enviadas a AI, el Gobierno marroquí ha negado toda relación entre el nuevo enjuiciamiento y las opiniones críticas de Monjib y ha insistido en que tanto el juicio de 2015 como el enjuiciamiento iniciado en octubre de 2020 eran por "delitos no relacionados con las actividades de Monjib como defensor de los Derechos Humanos".

Sin embargo, en las mismas misivas, las autoridades relacionaron el juicio de 2015 con la nueva causa iniciada en 2020 al hacer referencia a transferencias de dinero del extranjero recibidas por Monjib en 2015 y 2016 para financiar su centro de investigación, el Centro Ibn Rochd, según ha recalcado la organización, para indicar que la carta enumeraba informes de donantes de Free Press Unlimited y la embajada neerlandesa, lo que, a su juicio, apunta, una vez más, a que "la investigación se centraba en la recepción de fondos extranjeros para un trabajo legítimo de Derechos Humanos".

En 2015, las autoridades marroquíes habían formulado cargos falsos contra Monjib y otras seis personas por recibir fondos exteriores de Free Press Unlimited para realizar sesiones de formación de StoryMaker, una aplicación segura de narración de historias que permite que periodistas ciudadanos publiquen contenido de forma anónima si lo desean.

En esa causa, Monjib está juzgado por "menoscabar la seguridad interna del Estado" y "fraude" por no declarar fondos extranjeros en virtud de la ley de asociaciones de Marruecos, algo que Monjib niega y que, "no justifica un enjuiciamiento penal según la legislación marroquí, sino que sólo conlleva la suspensión o disolución de la asociación". El tercer cargo, "ejercer una actividad no especificada en los estatutos" de la asociación, no está reconocido en el derecho internacional como delito, ha señalado la organización.

"De acuerdo con el derecho internacional de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad de asociación abarca la capacidad de las ONG para realizar actividades de recaudación de fondos y buscar, recibir y utilizar recursos de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales", ha recordado en este contexto Amnistía Internacional, al tiempo que ha agregado que las restricciones a la financiación exterior que impidan a las asociaciones realizar las actividades establecidas en sus estatutos "constituyen una injerencia indebida" según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se encuentra Marruecos.