En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora cita a declarar como imputados a Joaquín Yvancos, abogado de la familia Ruiz-Mateos; al director comercial de Dhul, Rafael Carvia; al que fuera apoderado y director general de la empresa, Carlos Santandreu; a tres 'intrusos', como son José Egea, Miguel Espínola y Fernanda García, así como al esposo de esta última, Damián Jiménez, que fue secretario provincial de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2004.

   La juez señala que, del atestado entregado por la Guardia Civil relativo a Dhul, "se desprende la existencia de nuevos imputados relativos a este expediente", entre ellos Rafael Carvia, quien como director comercial de la empresa firmó con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el protocolo de colaboración por el que la Junta "mostraría, a través de las influencias ejercidas" por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, "su disposición a gestionar las ayudas de prejubilación".

   Tras ello, la solicitud del ERE por parte de Dhul se presentó el 16 de abril de 2002, firmándose el convenio de colaboración por el que se materializaron ayudas por importe de 7,6 millones de euros, todo ello, según Alaya, "sin que en dicho expediente se hubiera observado solicitud formal de ayuda sociolaboral alguna".

   La instructora considera que las cuantías del expediente "fueron ampliadas a instancias" de Carvia argumentando que la póliza de prejubilaciones había sufrido un coste adicional de 2,3 millones de euros, por lo que se amplió el crédito presupuestario de la póliza de prejubilaciones en dicha cantidad, si bien ésta "era para la adquisición de maquinaria diversa o inversiones de la empresa, extremo éste último que presuntamente conocía la Administración, falseándose el contenido de la Addenda al Protocolo y el propio convenio".

   Finalmente, el compromiso de pago ascendió a 10 millones de euros, abonando no obstante IFA/IDEA 10,5 millones, "más del 100 por cien del total", es decir, "589.088,85 euros de más que puede ser por los intereses devengados por los incumplimientos de los plazos de pagos", pone de manifiesto la magistrada en el auto.

"IMPORTANTE" PAPEL DE JUAN LANZAS

   La juez, al hilo, señala que el administrador solidario de Dhul era Álvaro Ruiz-Mateos, quien posteriormente pasó a ser administrador único de la empresa, mientras que Carlos Santandreu, otro de los nuevos imputados, fue apoderado de la empresa desde febrero de 1999 y director general desde 2006, "participando también en la tramitación del ERE de forma activa tanto en el proceso de elaboración de la documentación para la solicitud del mismo como en los trámites posteriores".

   Además, en este expediente Juan Lanzas "tendría un papel importante como mediador o intermediario" con la Dirección General de Trabajo, derivado del cual "serían incluidos como 'intrusos' su cuñada Ángeles Sierra y el marido de ésta, Carmelo Cruz", ambos ya imputados en la causa.

   De igual modo, fueron incluidos como 'intrusos' José Egea y Miguel Espinola, "ambos trabajadores autónomos y que fueron contratados por Dhul tres meses antes de la solicitud del ERE", en el que también se incluyó como 'intrusa' a Fernanda García, "quien nunca causó alta en Dhul" y que es esposa de Damián Jiménez, secretario de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2004 que "se prevalió de su amistad con Lanzas" para incluir a su mujer en la póliza individual "a sabiendas de su ilicitud".

AMPLÍA LA IMPUTACIÓN A JOSÉ MARÍA RUIZ-MATEOS

   Por último, la juez asegura que Joaquín Yvancos, que fue abogado de la familia Ruiz-Mateos y administrador mancomunado del Hotel Cervantes, "sería conocedor y partícipe de las irregularidades que presuntamente se cometieron en estos expedientes de regulación de empleo --el del Hotel Cervantes y el de Dhul--, conociendo igualmente del presunto tráfico de influencias a favor del grupo Nueva Rumasa ejercido ante la Junta por Juan Lanzas para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE, así como de los pagos efectuados a Lanzas a razón de 100 millones de pesetas por cada ERE".

   La instructora, asimismo, acuerda ampliar la imputación a José María Ruiz-Mateos "por su participación activa en este expediente", quien "habrá de ser citado igualmente para prestar declaración en calidad de imputado por los hechos investigados en este atestado", aunque dicha citación queda pendiente del exhorto librado al juzgado decano de Pozuelo de Alarcón (Madrid) para que el empresario sea reconocido por un médico forense a fin de analizar si está en condiciones de declarar.