La juez de Sevilla Mercedes Alaya ha acordado librar oficio al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que este Cuerpo cese "de inmediato" su investigación en torno a las irregularidades en los cursos de formación y entregue en el Juzgado todas las actuaciones practicadas en torno a este asunto, todo ello a fin de que sea en exclusiva la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que indague.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada toma esta decisión después de que la UCO de la Guardia Civil le haya comunicado que la Policía "sigue actuando" en diferentes lugares de Andalucía "tomando testimonio en lo relativo a lo que es objeto de las presentes actuaciones, expresando gran inquietud por el éxito de la investigación al invadirse la misma".

La instructora ordena lo anterior a la Policía "para evitar actuaciones" como la ocurrida el pasado mes de agosto sobre "la concentración de empresas" del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) e imputado en esta causa, "sobre las que actuó la Policía parcialmente, cuando el tema era objeto de investigación por parte de este Juzgado".

Todo ello provocó, según la juez, "consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable", todo lo cual "pone en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas".

La juez recuerda que, en este caso, se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, en materia de formación contra determinados cargos de la Junta y entidades beneficiarias, "ya sea por ausencia flagrante de procedimiento, control en la gestión o justificación, o por concentración de acciones formativas en manos de las mismas personas física o jurídicas".

PROTECCIÓN A TEODORO MONTES

En un segundo auto, la juez acuerda otorgar protección al jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta que denunció las "graves" irregularidades en la concesión de cursos de formación, todo ello después de que la propia Fiscalía Anticorrupción solicitara la puesta en marcha de las medidas previstas por la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos "con la finalidad de asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia, sino también asegurar las resultas del presente procedimiento".

La instructora toma esta decisión ante "la extensión de las irregularidades puestas de manifiesto" en su testimonio, "muchas de ellas de naturaleza presuntamente delictiva, y "la enorme presión mediática sobre todo lo que acontece en la presente investigación acrecentada por las noticias que a diario proporcionan a la prensa las partes personadas".

A su juicio, lo anterior "provoca que sea también a través de la prensa el medio para comunicar las presiones o coacciones de entidades aludidas en la causa, presiones que adquieren un alto grado de vulnerabilidad cuando especialmente son dirigidas a dicho testigo con el ánimo de adolecer su serenidad e infundirle temor, coartando su libertad personal de forma ostensible, lo cual podría afectar sin duda al testimonio ofrecido y a futuras declaraciones".

De este modo, al amparo de la Ley Orgánica 19/1994 de 23 de diciembre y "para garantizar el buen fin del procedimiento", la juez acuerda complementar la protección policial acordada el pasado 16 de octubre con una serie de medidas.

PODRÁ SOLICITAR IR A DECLARAR EN VEHÍCULO OFICIAL

Así, la instructora requiere a la Guardia Civil, a la que se ha encomendado su protección, y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "para que cuiden de evitar que al citado testigo vuelva a tomársele fotografías o se tome su imagen por cualquier otro medio, debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo a quién contraviniere esta prohibición".

Asimismo, la juez requiere a los principales medios de comunicación, tanto prensa escrita como televisión, "para que en lo sucesivo, y bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial, omitan reproducir la imagen del testigo, bien evitando su fotografía o pixelando su rostro íntegro".

Además, establece que los diarios digitales y canales de televisión oculten también la imagen del testigo en cualquiera de las formas anteriores, todo ello bajo apercibimiento igualmente de que de lo contrario podrían incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

La juez pone de manifiesto que la Guardia Civil "cuidará del cumplimiento" de las medidas acordadas y le pide que comunique al testigo que "podrá solicitar ser conducido a dependencias judiciales, policiales o donde haya de practicarse alguna diligencia en vehículo oficial" y que, "mientras permanezca en dichas sedes y no se esté practicando diligencia alguna, se le facilitará una dependencia para su uso exclusivo convenientemente custodiado".

El pasado miércoles, la magistrada ya advirtió de que "no va a consentir ningún tipo de presión o coacción" hacia el testigo y aseguró, en relación a las querellas anunciadas por la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) y CCOO contra el testigo, que las mismas podrían constituir delitos contra la Administración de Justicia.