En un auto de 40 páginas dictado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada corrige su error, pues inicialmente transformó las diligencias previas en sumario cuando lo procedente, según advirtió la propia Fiscalía de Sevilla, era transformarlas en procedimiento abreviado dadas las penas que podrían ir aparejadas a los delitos investigados, como son prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio, y falsedad cometido por funcionario público en documento mercantil.

   Además, les acusa de asociación ilícita, ya que todos ellos, con la excepción de Miguel Ángel Millán y otra imputada, "en un momento determinado, se habrían organizado con cierta consistencia y jerarquía en torno a la figura" de el exasesor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño y el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet "para realizar cada uno su ilícito cometido".

   Sanma, filial de la constructora Sando, se hizo con el concurso con una oferta de 106 millones de euros pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga, ascendente a 158 millones.

   La juez entiende que "la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera ilegal y torcida a favor" de Sanma, hechos por los que procesa, como se ha dicho, a un total de 15 personas, y da un plazo de diez días a la Fiscalía y la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.

   En su auto, la juez archiva directamente la causa contra la exdirectora del área económica y de contabilidad Pilar Giraldo dada "su puntual participación en la mesa de contratación, limitándose a recibir las valoraciones de los técnicos, existiendo en dicha mesa personajes más influyentes que ella en el concurso", y contra los técnicos José Manuel Ferrera y Alfredo Delmo.

   La juez, que divide las irregularidades en un total de cuatro fases, relata que en el año 2004 la situación económica que atravesaba Mercasevilla "era particularmente grave", ya que "no conseguía los recursos económicos que mensualmente eran necesarios para su mantenimiento, pues no podía la entidad Larena construir y explotar las edificaciones objeto del contrato de superficie que suscribió" con esta sociedad mixta en octubre de 2003.

   Larena, "sintiéndose engañada" por Mercasevilla, "quería desvincularse de la misma, pero a un precio que cumpliese mínimamente sus expectativas", dice la juez, que asevera que dada la situación "económicamente complicada" del merca "urgía la necesidad de buscar un sustituto a Larena, pero con importante solvencia económica, capaz de resolver el grave problema y con esto volver a darle la estabilidad económica perdida".

   "Es en este momento" cuando Domingo Enrique Castaño, "persona de confianza" del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, "entró en contacto" con Sanma, que "estaría enormemente interesada en entrar en Mercasevilla, conociendo como sabía que se estaba produciendo una modificación del PGOU y que se había previsto el traslado al Nodo Logístico Norte, lo que generaba una amplitud de negocio importante".

CONCURSO "FRAUDULENTO"

   Es ese el momento en el que Torrijos, Mellet y Castaño "plantearon" a la filial de Sando que la posibilidad de optar por la adquisición de los terrenos del merca "pasaba por" subrogarse en el derecho de superficie de Larena. "De esta forma, Mercasevilla volvía a recobrar la estabilidad económica que precisaba", apunta.

   Tras ello, "se optó por la fórmula del concurso público propugnada sin el menor debate por Torrijos, pues era una fórmula que permitiría conducir el resultado a la oferta de Sanma, a través de las cláusulas del pliego, de las valoraciones de salida y de las puntuaciones de las ofertas", tras lo que la Comisión Ejecutiva acordó proponer al Consejo de Administración y a la Junta de Accionistas la adjudicación mediante concurso del derecho de opción de compra sobre los terrenos.

   La juez considera que "con carácter previo a esta reunión se habría puesto en marcha por los imputados el mecanismo para la consecución de un concurso fraudulento que beneficiara a Sanma", agregando que "la maquinaria para conseguir un concurso a la medida de Sanma contaba con dos fases claramente diferenciadas: la elaboración del pliego y la puntuación posterior".

"EFECTO PERVERSO"

   Así, en la elaboración del pliego "habría dos cláusulas dirigidas a beneficiar a Sanma conociendo el precio que iba a ofrecer la misma", una primera "dentro de la valoración económica dirigida a penalizar extrañamente las ofertas superiores sobre el precio de compraventa, que era la llamada cláusula de limitación al alza", una cláusula con la que "se conseguía un efecto perverso: se penalizarían las ofertas de mayor cuantía económica en beneficio de las inferiores".

   Esta cláusula de limitación al alza "no estaba en el pliego" cuando éste fue aprobado por la Comisión Ejecutiva en su reunión de 8 de noviembre de 2005, sino que "fue introducida de rondón" por Castaño, Mellet, Torrijos y Crespo en la reunión del Consejo de Administración de 30 de noviembre.

   Finalmente, fueron ocho licitadoras las que se presentaron al concurso, aunque las ofertas presentadas por cinco de ellas "podrían considerarse de relleno por su exiguo volumen y por la carencia de ajuste mínimo a las prescripciones del pliego". "El resultado fue que, indiciariamente, todas las licitadoras, salvo Sanma, se excluyeron a sí mismas", afirma.

"PAQUETE COMPLETO"

   Fue el 23 de febrero de 2006 cuando se suscribió el contrato de opción de compra, siendo "lo verdaderamente relevante de dicho contrato su estipulación quinta, por la cual Sanma se convertiría en el "banco" de Mercasevilla, ofreciéndole en base a la futura compraventa de los terrenos y adjudicación de la nueva sede, la estabilidad económica que precisaba Mercasevilla".

   La instructora considera que en esta primera fase "de preparación del concurso predeterminado para que lo ganara Sanma, serían fundamentales" las intervenciones de Castaño, Crespo, Torrijos o Mellet, el primero de ellos "llevando a Sando a Mercasevilla y poniendo en marcha el "paquete completo" para ambas entidades", mientras que los dos últimos "darían fuerza al proyecto dirigiendo el mismo y obviando de la forma más rápida los obstáculos encontrados en el camino, planteando" con Domingo Enrique Castaño "la necesidad de hacer un pliego a media de Sando".

   De su lado, Crespo "avalaría con su prestancia institucional el proyecto, pues la situación de Mercasevilla era alarmante", señala la juez, que a continuación aborda la tercera fase, consistente en la licencia de obra de Sanma, que fue concedida a pesar de la ausencia de las obras eléctricas cuando, por este mismo motivo, a Larena no le había sido concedida.

   Alaya también llama la atención, por último, sobre "la facilidad con la que Sanma consiguió la licencia de edificación".