Amnistía Internacional ha asegurado este martes que ha "documentado" denuncias "consistentes" de "violaciones de Derechos Humanos", "palizas a detenidos" y "detenciones arbitrarias" cometidas por la Guardia Nacional, la Policía y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) desde el inicio de las manifestaciones contra el Gobierno de Venezuela, el 12 de febrero de este año.

   "Desde que comenzaron los violentos enfrentamientos durante las protestas en Venezuela en febrero, Amnistía Internacional ha recibido y documentado un número elevado de denuncias consistentes de violaciones y abusos de Derechos Humanos", ha afirmado en rueda de prensa el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

   Beltrán ha asegurado que "las muertes por armas de fuego" registradas durante las protestas de los últimos meses han sido obra de "grupos progobierno", "algunos manifestantes" e "individuos no identificados". Estas consideraciones forman parte del informe 'Venezuela: Los Derechos Humanos en riesgo en medio de protestas', elaborado por Amnistía Internacional y centrado en analizar la situación de los Derechos Humanos en Venezuela desde el inicio de las manifestaciones en febrero de este año.

   "AI ha documentado en este informe violaciones al derecho a la vida y torturas, violaciones a la integridad física con palizas a detenidos bajo custodia o en el momento de la detención. Amnistía ha documentado uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así como detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso judicial, con hechos como restricción al acceso de abogados a detenidos", ha relatado el director de AI España.

   La ONG también ha documentado "vulneraciones al principio de presunción de inocencia por parte de autoridades gubernamentales al hacer declaraciones incriminatorias en el caso de la detención de algunos líderes de la oposición". "Estas violaciones de los Derechos Humanos han sido cometidas por la Guardia Nacional, la Policía y el Servicio de Inteligencia Nacional", ha añadido Beltrán.

   Amnistía también tiene constancia de que han existido "abusos", "amenazas" y "agresiones" contra periodistas y medios de comunicación tanto críticos con el Gobierno que lidera Nicolás Maduro como afines al Ejecutivo y ha asegurado que ve "preocupante" que los "obstáculos" a las retransimisiones del canal de televisión colombiano NTN24, cuya emisión fue cancelada por el Ejecutivo de Caracas el 12 de febrero, en plenas manifestaciones.

   Por todo ello, AI ha exigido tanto al Gobierno venezolano como a la oposición que manifiesten claramente su rechazo a la violencia y ha reclamado al Ejecutivo que inicie un proceso de diálogo con el objetivo de poner en marcha un "plan nacional de Derechos Humanos", para garantizar la protección de los derechos básicos de todos los ciudadanos venezolanos. Sin ese plan de Derechos Humanos, "va a ser muy difícil que la espiral de violencia no continúe", ha advertido Beltrán.

   La ONG ha asegurado que, desde el inicio de las protestas, han muerto 37 personas y "más de 550" han resultado heridas, "al menos" 120 por "armas de fuego". Además, "más de 2.000 personas" están inmersas en procesos judiciales por su presunta participación e hechos violentos durante las manifestaciones.

UN DIÁLOGO POLÍTICO "DE BUENA FE"

   Beltrán ha dejado claro que Venezuela "corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia" y que, para evitarlo, es necesario que el Gobierno y la oposición se comprometan a no promover la violencia y a entablar un diálogo "colaborativo" y "de buena fe" con la oposición.

   Por su parte, la investigadora de AI especializada en Venezuela, Nuria García, ha hecho hincapié en que "todas las víctimas" de la violencia son "iguales", por lo que las autoridades venezolanas deben investigar "todas" las denuncias que se presenten y garantizar que "todos" los venezolanos tienen "derecho a manifestarse".

   García ha relatado que, el pasado 14 de marzo, responsables de AI se reunieron con la Fiscal General de Venezuela y con la Defensora del Pueblo, que les confirmaron que había recibido "graves denuncias" de violaciones de los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas y sobre el uso de la violencia por parte de "algunos manifestantes durante las protestas".

   La dirigente de AI ha agradecido las investigaciones puestas en marcha por las autoridades venezolanas y ha asegurado que la Fiscalía General ha incrementado sus pesquisas sobre actos de violencia de 14 a las 82 investigaciones en curso en la actualidad. También ha expresado su preocupación por el "uso excesivo" de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el control de las manifestaciones, con prácticas como el empleo de "perdigones de goma" para disparar a manifestantes en algunos casos a muy poca distancia.

   Tanto Beltrán como García han manifestado su "preocupación" por el hecho de que grupos "progobierno" hayan protagonizado actos violentos delante de las fuerzas de seguridad sin que estas hayan hecho nada por evitarlo.

AI NO TIENE CONSTANCIA DE GRUPOS OPOSITORES ARMADOS

   En el turno de preguntas, Beltrán y García han afirmado que AI no tiene "documentado" que existan grupos armados opositores en las manifestaciones aunque su informe sí ha documentado algunos "casos" de violencia en las protestas de opositores al Gobierno.

   Consultada sobre si cree que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a incurrido en la violación del principio de presunción de inocencia con alguna de sus declaraciones sobre los líderes opositores, García ha estimado que el mandatario sí incurrió en esa práctica al referirse al dirigente opositor Leopoldo López antes de su detención.

   Beltrán y García han subrayado que tanto el Gobierno venezolano como los opositores deben dejar suficientemente claro que rechazan la violencia en todas sus formas porque en algunos casos ha habido declaraciones "ambivalentes".

   El informe de AI se ha basado en entrevistas y testimonios de víctimas de la violencia y sus familiares, organizaciones no gubernamentales, abogados defensores de Derechos Humanos y periodistas y pone de manifiesto la "dificultad" para poder investigar los hechos.

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

   El documento de Amnistía Internacional detalla los casos de varias víctimas de la violencia, como Inti Rodríguez, un defensor de los Derechos Humanos de la organización PROVEA detenido el 12 de febrero durante varias horas y que fue "golpeado" y "amenazado de muerte" por miembros del SEBIN.

   También da cuenta de la muerte de Bassil Dacosta Frías, un manifestante de 23 años que falleció ese mismo día por un disparo en la cabeza cuando funcionarios del SEBIN y hombres armados vestidos de civil abrieron fuego con "armas cortas y largas" contra los manifestantes.

   AI también expone lo que le sucedió a José Alejandro Márquez, un ingeniero de 45 años que falleció el 23 de febrero "como resultado de los golpes que le propinaron oficiales de la Guardia Nacional" venezolana cuando le detuvieron por grabar con el móvil a varios agentes retirando una barricada.