Según la ley aprobada en noviembre por el Consell General (Parlamento) del Principado.

La directora general de la Asociación de Bancos Andorranos (Aba), Esther Puigcercós, explicó la nueva norma en un encuentro con prensa en Barcelona, y reivindicó la experiencia de las cinco entidades financieras asociadas en la gestión de patrimonios.

Esta normativa da aplicación al acuerdo firmado entre Andorra y Bruselas en febrero con el objetivo de prevenir el fraude fiscal y disuadir a posibles evasores que quieran ocultar ingresos o valores en el extranjero.

Hasta ahora, Andorra facilitaba información fiscal solo cuando recibía una petición concreta, según una ley de 2009, pero ahora se suma al acuerdo internacional de intercambio automático anual empezando por la UE.

Para ello, las entidades financieras y de gestión de inversiones andorranas deben conocer la residencia fiscal de todos sus clientes, por lo que se ha establecido un periodo de adaptación para las cuentas anteriores a 1 de enero de 2017, mientras que a las nuevas ya les preguntarán toda la información necesaria para facilitar los datos el año siguiente.

En el caso de las cuentas preexistentes, la primera comunicación de datos para las de más de un millón de dólares será el 30 de julio de 2018 (con datos del ejercicio 2017), mientras que para las de menor saldo será el 30 de junio de 2019 (con datos del ejercicio 2018).

En el caso de las empresas, las preexistentes de menos de 250.000 dólares quedan excluidas del intercambio de información, mientras que las de mayor saldo entran en el plazo de 30 de junio de 2019.

La información que se intercambia es la fijada por la Ocde como estándar internacional: número de identificación fiscal, nombre, dirección, fecha de nacimiento, tipos de rentas, ingresos derivados de la venta o transmisión de activos, y el saldo de las cuentas.

También quedan excluidas del intercambio automático de información cuentas con muy poco saldo (menos de 1.000 dólares) y productos de ahorro para la vejez o vinculados a finalidades educativas, sociales o de adquisición de vivienda.

Además, los países no podrán utilizar la información conseguida por el intercambio automático para realizar otras peticiones de información de periodos anteriores a 2017.

TRANSPARENCIA

Esta ley es un paso más de Andorra hacia la transparencia financiera, y la banca andorrana reivindica su experiencia de casi un siglo en la gestión de patrimonios para mantener el negocio pese al alejamiento del país del concepto de paraíso fiscal.

Así lo dijo Puigcercós, que destacó que el intercambio de información fiscal se está generalizando a nivel mundial, por lo que los evasores lo tienen cada vez más complicado.

Los cinco bancos de Andorra que conforman la Aba (AndBank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d'Andorra y VallBanc) gestionan unos 45.000 millones de euros, de los que 11.000 corresponden a banca comercial local y el resto a banca privada.

Puigcercós indicó que Andorra ofrece para los catalanes y todos los españoles una gestión experta de patrimonios --de cualquier magnitud, no necesariamente tan grande como lo que se considera banca privada en España-- a pocos kilómetros de distancia y con personal que habla su mismo idioma.