Tras dos meses de rumores sobre que Orcel podría estar preparando el inicio de una batalla legal contra el Santander por haber rescindido su contrato, finalmente el exejecutivo de UBS se ha decantado por este despacho, que actualmente no tiene ninguna vinculación con el Banco Santander y que está especializado en el desarrollo de estrategias jurídicas complejas y diseñadas para evitar o restaurar una pérdida jurídico-patrimonial.

El bufete está dirigido por José Manuel de Carlos Bertrán, quien trabajó en Clifford Chance durante el periodo 1990-2010, solo interrumpido entre 2000 2002 debido a que fue secretario del consejo de administración de Jazztel y director de su asesoría jurídica.

Esta no sería la primera vez que De Carlos Remón se enfrenta al banco cántabro, pues el pasado mes de noviembre fue contratado por el expresidente ejecutivo de Abengoa Felipe Benjumea para interponer una demanda contra Banco Santander y HSBC por la ampliación de capital que Abengoa tenía intención de acometer en septiembre de 2015 y que provocó un colapso de liquidez, abocándola al preconcurso de acreedores.

El consejo de administración de Banco Santander decidió el pasado mes de enero no seguir adelante con su fichaje al considerar inasumible tener que hacer frente en su totalidad al bonus en diferido que se había comprometido a abonarle UBS, de unos 50 millones de euros.

Banco Santander comunicó el nombramiento de Andrea Orcel como nuevo consejero de la entidad el pasado 25 de septiembre, lo que supuso una auténtica convulsión en el sector, al tratarse del primer CEO de la entidad con perfil internacional, lo que desató las especulaciones sobre un cambio de rumbo en la estrategia del gigante financiero español y de la zona euro.

Debido a sus obligaciones con UBS Group, Orcel no podía asumir el cargo hasta marzo de 2019, debido a que una cláusula 'garden leave' le exigía un preaviso de seis meses antes de trabajar en otra entidad financiera.

El banco acordó en septiembre la futura retribución anual que Orcel percibiría como consejero delegado del grupo, pero en aquel momento no era posible anticipar el coste final para de abonar las retribuciones diferidas que se le habían asignado en su puesto anterior y que habría perdido al abandonarlo.

De esta manera, Santander procedió al nombramiento sobre la base de una "estimación razonada" del coste, de acuerdo con el asesoramiento recibido, los precedentes y las expectativas de que podría revisarse a la baja por la naturaleza de la relación entre ambos bancos y las diferencias en las actividades que llevan a cabo", ha detallado la entidad en un comunicado.

Finalmente, el coste que tendría que asumir Santander para compensarle por su retribución diferida a lo largo de siete años y otros beneficios que le correspondían por su puesto anterior era "significativamente mayor" que el prevista inicialmente por el consejo en el momento del anuncio de su nombramiento, por lo que la entidad cántabra dio marcha atrás en el nombramiento al considerar que "sería inaceptable para un banco comercial como Santander" hacer frente a esa suma.