y de otras 9 personas ya encausadas que formaron parte entre 2001 y 2008 de los distintos consejos rectores de IFA/IDEA, entre los que se encuentran el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón, pues entiende que parte de la investigación debe ser elevada al Tribunal Supremo dada la presencia de personas aforadas.

   Por medio de un auto dictado el pasado 13 de mayo, la juez Mercedes Alaya citó a declarar entre los próximos días 19 y 23 de mayo a 16 nuevos imputados y volvió a llamar a 9 personas que ya estaban encausadas en este procedimiento, como son el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá o el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

   En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pone de manifiesto que los hechos imputados a estas 25 personas se encuentran "vinculados al funcionamiento de la agencia IDEA", que formaría parte del denominado 'procedimiento específico', "pieza respecto de la cual esta Fiscalía entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero".

   Por ello, considera "procedente que a la mayor brevedad se debe elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas" en el auto de la juez Alaya, como son los exconsejeros de la Junta de Andalucía José Antonio Viera, Antonio Ávila, Carmen Martínez-Aguayo y Francisco Vallejo, "respecto de los cuales se relata su papel en el Consejo Rector de IDEA".

ADVIERTE DE UN "EFECTO DILATORIO"

   Por todo ello, y "consecuentemente con tal petición", Anticorrupción considera que "no es procedente y por el contrario causa un efecto dilatorio la toma de declaraciones a las personas implicadas en dicha trama no aforadas", motivo por el que solicita la suspensión de dichas declaraciones "en tanto en cuanto no se resuelva nuestra petición, y en su defecto, en caso de no ser estimada, se mantenga la suspensión durante la tramitación" de un posible recurso "y en todo caso durante la tramitación" del recurso que interpuso contra el auto de 3 de abril.

   En este auto, la magistrada rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que abriera una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas y elevara al Tribunal Supremo la pieza que se formaría en relación con los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, ya que entiende que "el riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad" y "es un peligro obvio, serio e indiscutible que no debe correrse" y que podría derivar en "un auténtico caos procesal".

   De manera subsidiaria, y en caso de no estimarse la petición de suspensión por los motivos expuestos, la Fiscalía solicita suspender las comparecencias previstas por entender que, "con carácter previo e inexcusable a esa toma de declaraciones, debe constar en la causa todo el material probatorio posible y existente, lo que incluye de manera obvia el atestado" de la Guardia Civil sobre la agencia IDEA.

LA FISCALÍA NO RECURRE EL AUTO CON LAS 16 NUEVAS IMPUTACIONES

   En esta línea, asevera que, "en el caso de no estar finalizado aún" dicho atestado, "debe requerirse" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "para que aporte con carácter previo a cualquier toma de declaración en sede judicial el atestado en el estado en el que se encuentre, incluyendo todas y cada una de las declaraciones tomadas bien como testigos bien como imputados a las personas relacionadas con IDEA".

   De otro lado, fuentes judiciales han informado a los periodistas de que la Fiscalía Anticorrupción, aunque ha solicitado la suspensión de las declaraciones señaladas, ha decidido no recurrir el auto con las 16 nuevas imputaciones dictado por la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla.

   Hay que recordar que la Fiscalía ya solicitó suspender las declaraciones de los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano y de los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago, pues entiende que la juez debe formar piezas separadas y elevarlas al Supremo dada la presencia de aforados.

   No obstante, la juez rechazó esta petición en un auto en el que destacaba "la importancia en el momento actual de mantener la continencia de la causa, sin perjuicio de lo que resulte una vez concluidas las diligencias que necesita esta instructora para dar por concluida la investigación, lo cual se estima en breve plazo".