Por el momento, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, dirigido por el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, mantiene imputadas a un total de 14 personas por las irregularidades de la iniciativa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), un proyecto fallido de Invercaria que costó a las arcas públicas un total de 1,7 millones de euros. Entre los imputados figuran cinco miembros de su consejo de administración y los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz.  

  Asimismo, el juez del caso ya tiene sobre la mesa el atestado que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional ha realizado sobre Operadores Aéreos Andalus S.A., investigación en el marco de la cual la Policía ha tomado declaración como imputados al exconsejero de Cultura de la Junta José María Martín Delgado, a los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, al analista de esta empresa pública Manuel Jesús Rodríguez, y al empresario Antonio Valdés.  

  En el marco de esta investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha elevado al juez un escrito en el que da cuenta de la documentación recabada sobre "las operaciones de inversión realizadas por Invercaria, así como sobre los mecanismos de financiación de esta empresa pública". Este documento recogido por Europa Press alude, en concreto, a un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía titulado "Memoria de Control Financiero Permanente  referida a los trabajos realizados en el ejercicio 2006", un texto que recoge que "la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Empresa Pública de Gestión  de programas culturales, Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa, presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo".  

  La Fiscalía Anticorrupción, en ese sentido, conecta este contenido con otro párrafo de este informe que señala que "del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto  irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquellas". "De forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y fiscalización previa", cita la Fiscalía Anticorrupción sobre este documento de la Intervención General que anuncia, a su vez, "informes  definitivos sobre las empresas" en cuestión.

   La Fiscalía, así, atisba propiamente "la utilización de las transferencias de financiación para el abono final, por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas, de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo ésta exigible en ambos casos", toda vez que el uso de este procedimiento en el seno de la Agencia IDEA está siendo investigada por la juez Mercedes Alaya, que indaga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.  

  Por eso, la Fiscalía Anticorrupción, ante la posibilidad de "un ilícito penal" de prevaricación o/y malversación de caudales públicos, pide remitir a la juez Alaya la documentación señalada por lo que respecta a su investigación y que, salvo en el caso de IDEA, ya indagado por Alaya, sean incoadas para cada una de las mencionadas empresas y agencias públicas "diligencias previas, requiriendo a la Intervención General de la Junta que remita los informes definitivos de cada una de las empresas de los ejercicios 2003 hasta el último elaborado".