El informe de la Fiscalía responde a una petición realizada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, al que se había dirigido Matas planteando una cuestión de competencia. Por el momento, las pesquisas las realiza el juez de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro.  

  La Fiscalía informa que no procede admitir la cuestión de competencia planteada por Matas, porque éste no "explicita los motivos por los que la investigación" deba pasar a la Audiencia, sino que señala de manera "vaga e imprecisa que probablemente los hechos, de ser ciertos, tengan ramificaciones en Baleares, Valencia y Barcelona".

"MERAS SUPOSICIONES DE MATAS"  

  El informe añade que lo señalado por Matas en su petición "es sólo eso, una mera suposición ayuna totalmente de un sustrato fáctico que la apoye".   

  Según Anticorrupción, que investiga al Instituto Nóos como una pieza "desgajada" del caso "Palma Arena", actualmente  se está "en una fase inicial de la investigación" y no consta "mínimamente acreditado" ninguno de los presupuestos que justificarían la competencia de la Audiencia Nacional.   

 Estos supuestos por ahora "no acreditados" serían la existencia de defraudaciones o maquinaciones para alterar el precio de las cosas que supongan una grave repercusión en la economía nacional o bien un perjuicio patrimonial que afectara "a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".  

  La Fiscalía sustenta su escrito en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha interpretado de manera restrictiva la inhibición a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción.

MUCHO MENOS DE 21 MILLONES  

  El escrito cita expresamente el auto de 13 de septiembre de 2004 en el que el alto tribunal consideró competente al Juzgado de Instrucción territorial que se había inhibido a favor de la Audiencia Nacional en unos hechos de defraudación del IVA por valor aproximado de 21 millones de euros.  

  La Fiscalía afirma en su informe que "en el presente caso, la cantidad defraudada no se acerca ni con mucho a dicha cifra".    El abogado de Matas, Antonio Alberca, pidió que la Audiencia Nacional asumiera la causa, que recayó por el sistema de reparto en el juzgado de Ismael Moreno, al entender que afecta a tres comunidades autónomas diferentes: la Valenciana, Baleares y Cataluña.   

 Según fuentes de la investigación, la documentación que los investigadores se incautaron en los registros llevados a cabo entre el 7 y el 10 de noviembre en el Instituto Nóos y en varias sociedades mercantiles vinculadas a Urdangarín está siendo analizada en sede judicial por la Fiscalía y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares. Se trata, en concreto, de unos 15 archivadores.   

 Los documentos, que fueron incautados en la denominada "operación Babel", fueron trasladados a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares. Tras su análisis, la Fiscalía decidirá si llama a declarar al marido de la infanta Cristina como imputado o como testigo, en cuyo caso podría hacerlo por escrito, aunque aún no existe ninguna decisión al respecto.

   La investigación parte de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarín y su socio y actual presidente del Instituto Nóos, Diego Torres, desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos. Para ello, fijaron precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".  

  En el caso de Baleares, el montante desviado ascendió a 2,3 millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

   En un auto, el magistrado sostenía que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el "caso Palma Arena".   

 La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. Según la acusación pública, la "única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".  

  De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía "fines lucrativos" y "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".  

  En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. La resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el "control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".