El recurso cuestiona la legalidad del nuevo Mecanismo Único de Resolución (MUR) en el marco de la legislación de la Unión Europea (UE) y el proceso que condujo a la decisión de la resolución. A 30 de marzo, el grupo de accionistas mexicanos de Banco Popular, liderados por Del Valle, ostentaba una participación del 4,13% en la entidad.

Los inversores del país azteca afirman que el marco de resolución es "ilegal", puesto que se les negaron derechos fundamentales garantizados por la legislación comunitaria a las partes interesadas. Además, estiman que la decisión de la JUR incumple las condiciones necesarias para adoptar la resolución bancaria.

En concreto, el grupo de inversores, representados por Kirkland & Ellis, sostiene que Banco Popular no estaba en "graves dificultades" ni probablemente fuera a estarlo, sino que se enfrentó a un problema de liquidez a corto plazo, originado principalmente por las declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke König, que llevaron a los depositantes a concluir que el banco se enfrentaba a una resolución inminente, en referencia a la exclusiva de Reuters del pasado 31 de mayo.

Según los inversores mexicanos, la JUR tampoco consideró otras opciones privadas que hubieran evitado la resolución y violó los derechos de propiedad de los accionistas en virtud de la legislación comunitaria. Asimismo, la demanda advierte que la acción
de la JUR crea un precedente "peligroso" que no respeta los intereses vitales de los inversores y podría fomentar la falta de confianza en el sistema bancario de la UE.

"Las implicaciones de la decisión de la JUR por la resolución y venta de Banco Popular son inquietantes y de largo alcance", asegura Javier Rubinstein, abogado de Kirkland & Ellis, que incide en que el organismo comunitario "precipitó" la crisis de liquidez que llevó la resolución.

"Las acciones ilegales y sin precedentes que se toman aquí ponen en peligro la credibilidad y la integridad de todo el sistema bancario europeo y del marco regulador post crisis", concluye.

Por su parte, La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha interpuesto este viernes, a través del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para impugnar la resolución del Banco Popular.

Asimismo, más de 2.000 afectados por la resolución de Banco Popular, representados por Rúa Abogados, presentarán otro recurso este lunes contra la JUR en el TJUE por la decisión de las autoridades comunitarias de resolver la entidad.

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