Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011 después de que la Sala Primera de Apelaciones admitiera la recusación presentada por uno de los abogados de la defensa -Héctor Mario López Fuentes- contra la hasta entonces titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo al considerar que era parcial.

   La organización humanitaria Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo contra la recusación de Flores, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia el pasado mes de diciembre, pero que no se notificó hasta el pasado mes de marzo y que se ha hecho pública este viernes.

   Entretanto, el titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral, del que conocen el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios.

   La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la recusación contra Flores supone que todas las actuaciones judiciales deben retrotraerse al momento en que fue retirada del caso, es decir, en la fase de instrucción, por lo que el juicio tendrá que volver a celebrarse.

   "Se anula y se deja sin efecto lo actuado. No lo hago porque yo quiero, sino porque lo ordenó la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia", ha explicado Flores en la rueda de prensa que ha ofrecido, después de que se hiciera pública nulidad de su revocación.

   Barrios, la Fiscalía y los querellantes se han manifestado en contra de "retrotraer el proceso a periodos ya recluidos" al considerar que puede dejar en situación de "indefensión" a las víctimas de los supuestos crímenes cometidos por Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

   En cambio, el abogado de Ríos Montt, Francisco Palomo, había argumentado que el juicio debía declararse nulo "porque -con la vuelta de Flores al caso- la fase preparatoria no ha concluido", según ha informado el diario Siglo XXI.

EL JUICIO

   El pasado 19 de marzo, arrancó el ex dictador y su ex jefe de Inteligencia Militar por los presuntos delitos cometidos durante su Gobierno de facto que, según la Fiscalía, equivalen a genocidio y crímenes contra la Humanidad.

   Ríos Montt es el primer jefe de Estado en ser procesado por los delitos de genocidio y crímenes contra la Humanidad supuestamente cometidos por las Fuerzas Armadas durante la guerra civil. Naciones Unidas ha destacado que ningún país ha procesado hasta ahora en un tribunal nacional a un ex presidente por cargos de esta gravedad.

   Los dos ex militares responden por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil en las montañas septentrionales. En concreto, por la matanza de 201 personas, perpetrada el 7 de diciembre de 1982 en el municipio de Dos Erres por un grupo de 17 kaibiles -miembros de las fuerzas de élite- y 40 soldados.

   La defensa ha intentado alegar que no se pueden atribuir a Ríos Montt los abusos cometidos por los militares de a pie porque el jefe de Estado no controla las operaciones sobre el terreno. Asimismo, ha insistido en que no se ha producido ningún genocidio en Guatemala.

   Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.

   Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).