La declaración de la activista Aminetu Haidar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la causa que investiga el genocidio y las torturas contra el pueblo saharaui que se habrían cometido entre 1976 y 1987, prevista en un inicio para éste jueves, ha quedado aplazada al mes de mayo, según han informado fuentes jurídicas.

    Ruz tomará declaración los días 11 y 12 de ese mes a la activista y otros 13 testigos que fueron víctimas de estos delitos y que se encuentran en la actualidad en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia.  

  El magistrado preguntó en noviembre pasado al Ministerio de Justicia si Marruecos había dado contestación a la comisión rogatoria que su antecesor, Baltasar Garzón, cursó en octubre de 2008 para dar traslado de esta querella, en la que están imputados 13 cargos policiales marroquíes.  

  Entre los querellados se encuentra el general Hosni Benslimane, jefe de la Gendarmería Real Marroquí que fue galardonado por España con la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2005 y que formaba parte de la delegación que visitó a primeros de febrero España junto al ministro del Interior del país alauí, Taieb Cherkaoui.  

  Ruz reactivó la causa para solicitar a la mayor brevedad a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia que le trasladara en qué estado se encuentra la comisión rogatoria librada a las autoridades judiciales de Marruecos tras recordar que ésta fue reiterada el pasado mayo.   

 Garzón, que abrió una investigación por estos hechos en octubre de 2007 a partir de una querella presentada por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y desaparecidos, solicitó a Marruecos que diera traslado a los querellados de la acción judicial que había emprendido, que le comunicara si esos hechos estaban siendo investigados y con qué resultado, y si existía algún procedimiento penal contra ellos. 

   Garzón instó entonces a los querellantes a informar sobre la posibilidad de que las víctimas declararan en la Audiencia Nacional después de que las autoridades de Argelia se negaran en febrero pasado a permitir que el juez se desplazara hasta los campamentos de refugiados de Tinduf para interrogarles argumentando que debía dirigirse a la República Árabe Saharaui Democrática, no reconocida internacionalmente y ante la cual España no tiene representación diplomática, tal y como señaló en su contestación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.   

 Ruz reiteró este ofrecimiento a los querellantes visto el tiempo transcurrido desde que se produjo el primer requerimiento y les invita a realizar propuestas alternativas en orden a la práctica de diligencias comprendidas en la comisión rogatoria de no ser posible el desplazamiento de los testigos hasta la Audiencia Nacional.   

 La investigación se dirige contra destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sáhara como Smara, El Aaiún o Tan Tan.   

 Además de Benslimane, que habría ordenado y dirigido la campaña de detenciones y desapariciones en Smara que se llevó a cabo en 1976, entre los querellados se encuentran Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable directo de los secuestros cometidos en El Aaiun en 1987; Abdelhak Lemdaour, al que se relaciona con las detenciones en la región de Erbaib de 1976; y Moustaphá Hamdaoui, dirigente de la Gendarmería de Tan Tan.  

  Completan la relación de denunciados altos cargos militares que Garzón identifica como Ben Hima, Amimi, Dris Sbai, Ayachi, Said Ouassou, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid.

   Los querellantes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos, de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad como españoles. Los hechos denunciados se sitúan a partir del año 1975, cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid España abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas se inició la conocida como Marcha Verde, a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sahara Occidental.   

 La querella añadía que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui se prolongó durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes fueron sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales.  

  El escrito relataba que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación.