La resolución de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, de la que ha sido ponente la magistrado Carmen Paloma González, rechaza entre otros argumentos el referido a la responsabilidad del exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, en el "incremento del riesgo" al que se sometió a los militares españoles. 

  En la vista celebrada para revisar el archivo acordado por el nuevo presidente de la Sala de lo Penal cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción número 3,  el fiscal Fernando Burgos solicitó que se revocara el sobreseimiento para estos dos mandos militares, que en su opinión deberían volver a ser imputados porque su actuación aumentó el riesgo "preexistente" en el que se encontraban sus subordinados.

   A este respecto, la Sala señala que el tipo penal de imprudencia grave que se les imputaba no concurre "puesto que no han creado el riesgo, entendiendo por tal la gestión realizada a los efectos de dar cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España en el marco de la OTAN".

 MECANISMOS ARBITRADOS POR LA OTAN

   Tampoco considera que Moreno e ibarreña agravaran el "riesgo preexistente", ya que de la instrucción se deduce que se limitaron a cumplir "con la misión encomendada acudiendo a los mecanismos legales de índole comercial arbitrados por la OTAN.

   Además, la Sala de lo Penal recuerda que con anterioridad de lo sucedido en Turquía, se llevaron a cabo otras 43 operaciones de índole similar, "con similares aviones y con idéntica forma de proceder a la adjudicación en las compañías aéreas, sin que, por lo demás, se haya acreditado a instancia de ninguna de las partes recurrente ni otra causa del accidente distinta a la descrita en el auto" de archivo de Grande-Marlaska.

   En resumen, considera la Sala que los imputados no llevaron a cabo "ninguna acción generadora de un riesgo no permitido, ni ostentaban ni asumían la condición de garantes de que el resultado no se produjera, de forma tal que el desgraciado resultado no hubiera podido ser evitado mediante una hipotética acción omitida".

 INVESTIGACIÓN "APURADA AL MÁXIMO"

   Igualmente, se rechazan los argumentos esgrimidos por los familiares de las víctimas, que solicitaban la reapertura completa de la causa, al señalarse que, además de tener en cuenta el informe de la Comisión Internacional, "se han practicado todas y cada una de las diligencias solicitadas por todas y cada una de las partes personadas y ello, precisamente, para apurar al máximo las responsabilidades de investigación".

   El juez llegó a imputar 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.  

  También estaban inicialmente imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.