La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado inadmitir a trámite la denuncia interpuesta este martes por la asociación de juristas Preeminencia del Derecho contra el presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, por una supuesta apropiación indebida y estafa relacionada con los gastos de una veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga), han informado a Europa Press fuentes del Supremo.  

  El alto tribunal ha tardado un solo día en rechazar esta acción presentada contra su presidente y que planteaba la posible existencia de un delito por no estar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.

   La asociación de juristas Preeminencia del Derecho planteaba en su denuncia que la investigación realizada por la Fiscalía General sobre la actividades del presidente --que concluyó en archivo-- fue una "farsa" y una "pantomima". Solicitaba a la Sala de lo Penal del alto tribunal una investigación "seria e imparcial" sobre la conducta de Dívar, con el fin de depurar su responsabilidad.   

 El escrito criticaba además al vocal José Manuel Gómez Benítez, responsable de la denuncia ante la Fiscalía, por no presentar la documentación directamente ante el alto tribunal. "Tanto le daba dirigir la denuncia a la Fiscalía, por lo común hipotecada en manos del Gobierno, que a la Sala Penal del Tribunal Supremo, no sujeta a instrucciones gubernamentales", señalaba.

COMO EL LAZARILLO DE TORMES   

 A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.   

"La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraidas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.   

 Preeminencia del Derecho cuestionaba igualmente la actuación del jefe de gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez, que justificó el carácter reservado de los viajes en la documentación remitida a la Fiscalía.   

 "Es decir, que el presidente del Consejo Judicial efectúa misiones secretas de las que no puede desvelar detalle, algo que no tienen ningún fundamento normativo y que es obviamente una excusa de mal pagador", razonaban los denunciantes.   

 Igualmente, solicitaba investigar al vocal designado a propuesta del PP Miguel Collado, quien según una información de El País fue señalado por Dívar durante una reunión como uno de los consejeros que gastan más.   

Así, además de la citación de Dívar para que aclare las circunstancias de sus viajes, Preeminencia del Derecho pedía a la Sala de lo Penal que reclame a la Fiscalía el expediente concreto sobre este asunto y los gastos cargados a la cuenta del CGPJ por Collado.