El Tribunal, presidido por el magistrado José Godino, prevé que el juicio dure un año. Las sesiones comienzan con una fase de cuestiones previas que plantearán las defensas, sobre las que se pronunciarán las acusaciones --Fiscalía Anticorrupción, Ayuntamiento marbellí, Junta de Andalucía y Agencia Tributaria--, tras lo que se dictará una resolución resolviendo algunas de las peticiones antes de las declaraciones de los acusados.  

  La que luego se ha conocido como operación Malaya llevó por primera vez en la historia democrática en España a la disolución de un ayuntamiento. Se inició el día 29 de marzo de 2006 con el arresto tan sólo ese día de una veintena de personas. El número de detenidos se elevó hasta más de 100 personas y el sumario llegó a más de 195 tomos.   

Más de 300 periodistas de casi 60 medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales están acreditados para seguir el desarrollo de este juicio, para lo que se ha habilitado una sala de prensa, aunque, además, se ha instalado una pantalla en uno de los pasillos para el público.   

La Fiscalía Anticorrupción solicita 30 años de prisión y multa de 810,78 millones de euros para Roca, al que acusa de los delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el ámbito de una organización, en la que éste es el supuesto "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo.  

  En su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal considera que el que fuera inicialmente asesor de Urbanismo de Marbella creó una "verdadera organización, que bajo su dirección gestionaba y administraba su patrimonio como si de una empresa se tratara" para "encubrir la titularidad de bienes ilícitamente obtenidos y poder disfrutar de los mismos sin riesgo".  

  Así, se estima que el blanqueo de fondos imputables al principal acusado "asciende a un montante, en cifras redondas, de 240 millones de euros" y sostiene que "ha conseguido amasar en los últimos años un patrimonio muy importante", diversificado en sectores como el agrícola, ganadero, hotelero e inmobiliario, coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento".

   Asegura que "posee numerosos inmuebles, viviendas, chalés y locales comerciales e incluso varios palacios". Además, se le considera propietario de embarcaciones de lujo (yates), de un avión y un helicóptero y se señala que posee una colección de coches de lujo y antiguos, carruajes, toros y caballos; así como relojes, cuadros y otros objetos suntuarios, que suman 27,6 millones de euros.

   "La adquisición de este extraordinario patrimonio no puede justificarse sobre la base de las rentas lícitas conocidas del señor Roca ni con los ingresos de su unidad familiar", apunta, mientras que Roca se defiende en su escrito, argumentando que su patrimonio tiene origen lícito y es consecuencia de su actividad mercantil.

OTROS PROCESADOS

   En esta operación, hubo más de 100 detenidos, entre ellos la cantante Isabel Pantoja, aunque su imputación fue separada de la causa principal. Finalmente, además de Roca, se procesó a otras 94 personas, como el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, entonces pareja de la tonadillera, para el que el fiscal pide 10 años de cárcel y 400.000 euros de multa por los delitos de malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.   

Además, pide 20 años de cárcel y tres millones de euros de multa para la ex alcaldesa Marisol Yagüe por prevaricación administrativa, fraude, cohecho pasivo, malversación y alteración del precio de concursos. También acusa a una docena de ex ediles, como Tomás Reñones o la que fuera edil socialista y miembro del Gobierno, Isabel García Marcos, en este caso por cohecho pasivo, malversación, prevaricación administrativa y alteración del precio de los concursos, para la que pide 12 años de cárcel.

BLANQUEO   

El fiscal acusa por distintos delitos de blanqueo de capitales a 44 personas, entre ellas a la mujer de Roca y a su hija, para las que pide tres y dos años de cárcel, respectivamente; a los abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor; a la presunta testaferro Montserrat Corrulla, para la que pide cuatro años, y a varios marchantes de arte.

   También acusa por blanqueo al que fuera primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román y a su hija. A éste, para el que pide 21 años de cárcel, le acusa además de cinco delitos contra la Hacienda Pública, por la inversión y las ganancias de una operación denominada Crucero Banús y por las inversiones efectuadas en 2003, 2004 y 2005, solicitando también una multa de más de 13 millones de euros.  

  Además, la Fiscalía acusa de cohecho activo a promotores, constructores y empresarios, como José Ávila Rojas, para el que pide 10 años de cárcel y 55 millones de euros de multa --al acusarlo también de blanqueo--; Rafael Gómez, conocido como Sandokán, para el que pide 18 meses de prisión y 1,2 millones de multa; y los responsables de Aifos, para los que solicita cinco años y ocho millones de multa.

ORGANIZACIÓN

   Según la acusación, en la organización presuntamente creada por Roca cada uno asume una función, distinguiendo entre "quienes asumen funciones directivas de aquellos otros que de modo puntual colaboran en la llevanza de los negocios, contribuyendo al encubrimiento y reciclaje de los fondos ilegalmente obtenidos por dicho procesado en asuntos concretos". La especialización "llega incluso al apartado de seguridad".   

El fiscal destaca el "amplio" entramado societario, formado, de una parte, por más de 70 empresas, "para adquirir o negociar con bienes de propiedad municipal, valiéndose de la especial posición de poder que el señor Roca ostentaba, obteniendo importantes beneficios económicos, siempre a costa de las arcas municipales".

   Alude también a la empresa Maras Asesores, en cuyo registro los investigadores hallaron archivos informáticos "en los que se reflejan apuntes de ingresos y salidas de unos fondos que llegan a su poder"; que serían de "ciertos empresarios al procesado y que tienen que ver con negocios que éstos han llevado a cabo en la localidad".  

  Destaca que pese a no ser cargo electo Roca "ha venido ostentando una posición de dominio sobre la Corporación hasta el punto de que los distintos concejales del equipo de Gobierno y la alcaldesa --Marisol Yagüe-- aparecían subordinados a su poder de decisión". Así, toda actuación urbanística a desarrollar en la localidad "tenía que contar con el visto bueno de Roca".

   La acusación pública indica en su escrito que los fondos con los que supuestamente Roca aplicaba a los sobornos de los munícipes y empleados del Ayuntamiento "procedían de los pagos que hacían a dicho procesado los distintos promotores y empresarios". El procedimiento era "negociar con aquellos que estuviesen dispuestos a abonarle la contrapartida económica", bajo el compromiso de "incluir la nueva configuración urbanística pactada en el documento de revisión del planeamiento", lo que provocó un "urbanismo a la carta".  

  Tras las elecciones de 2003, "la voluntad del nuevo alcalde Julián Muñoz de asumir el efectivo control en el Consistorio, poniendo coto al poder que hasta entonces venía detentando el señor Roca, resultó truncada merced a la moción de censura" de agosto de dicho año, que "fue diseñada por el procesado Roca bajo los auspicios del señor Gil" --en referencia a Jesús Gil y Gil--.