Miercoles, 27 de noviembre de 2024
Hasta diez años de cárcel
Bachelet propone mayores sanciones para favorecer la libre competencia empresarial
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha enviado este lunes al Congreso un proyecto de ley con el que quiere fortalecer la libre competencia y que castiga con penas de hasta diez años de cárcel el delito de colusión empresarial.
El texto, que comenzará a ser debatido en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, cuenta como principal novedad la recuperación de las penas de cárcel --de entre cinco y diez años-- para el delito de colusión.
Las multas también podrán ser más altas, ya que el límite actual --de 25 millones de dólares-- aumenta hasta el doble del beneficio obtenido o el 30 por ciento de las ventas durante el periodo de práctica "anticompetitiva". Bachelet ha puesto como ejemplo la colusión en el mercado de la carne de pollo, en el que se aplicó una sanción de 25 millones de dólares cuando el daño estimado en el mercado fue de 1.500.
Bachelet ha comparecido junto a varios de sus ministros para advertir de que "es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás y esto se quede sin penas de cárcel efectivas", ya que no sólo se perjudica la economía nacional sino también "el bolsillo de las familias".
MEJOR "INSTITUCIONALIDAD"
El nuevo proyecto plantea también mayores competencias para la Fiscalía Nacional Económica y mejoras en la reglamentación de los procesos de fusión, en aras de una "institucionalidad mejor y más transparente", según la presidenta. Bachelet ha admitido la necesidad de elevar los actuales estándares de Chile para situarlos "al nivel" de los países de la OCDE.
"El proyecto nos permitirá entregar certidumbre a las propias empresas (...) y permite proteger de mejor manera a los consumidores, que son los que pagan el mayor coste cuando se afecta la libre competencia", ha añadido la mandataria, según medios locales.
La propuesta del Gobierno ve la luz en pleno juicio contra directivos de las mayores cadenas farmacéuticas por un supuesto pacto de precios y tras una serie de escándalos de corrupción que han salpicado al hijo de la propia presidenta.
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