El nombre de dicha firma es Oxiplans-Pilar Fernández Álvarez, nombre, este último, de la ciudadana argentina cuya identidad presuntamente utilizó la funcionaria Marta Renedo. BA-UNA acusa a la responsable autonómica de "connivencia" o "hacer la vista gorda".  

  El candidato autonómico de Bloque por Asturies-Unidá Nacionalista Asturiana, Rafael Palacios, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para informar de este extremo, basándose en los datos obtenidos del expediente del "Caso Marea", proceso en el que su organización política se ha personado como acción popular.  

  El pago al que se ha referido Palacios data del 24 de abril del año 2006, cuando Migoya era consejera de Comunicación Social y Turismo. Aquel día, según la versión del candidato asturianista, la representante autonómica "firmó una resolución por la que se autorizaba un gasto de 26.500 euros a la empresa Oxiplans-Pilar Fernández Álvarez, para el contrato de obras de cableado informático para la instalación del programa Absys Net de la red de bibliotecas, en la casa de Cultura de La Fresneda".  

  En el escrito presentado al Juzgado, se señala que "la Brigada de Policía Judicial, Grupo de Delincuencia Económica en su oficio de fecha 13 de enero de 2011, manifiesta que la empresa Oxiplans es una empresa ficticia, ya que no consta en ningún registro".  

  A continuación, el documento presentado al juzgado hace referencia a dos publicaciones en diarios asturianos. En una, fechada el 6 de junio de 2006, se informa de que la Consejería de Cultura invertirá 66.5000 euros en varias obras de cableado informático y diversos equipamientos para el futuro centro cultural polivalente de La Fresneda". En la segunda, del 20 de octubre del mismo año, se informa de que se ha llevado a cabo una "inversión complementaria de 66.500 euros para el cableado informático y para la instalación de diversos equipamientos del edificio".  

   Según el escrito del Bloque, "la consejera autoriza a abonar una factura (de 26.500 euros), si bien con posterioridad a la citada resolución aparece (en la prensa) que la misma Consejería tenía intención de invertir la cantidad de 66.500 euros en relación a los mismos conceptos por los que previamente había autorizado una cantidad en abril de 2006". A juicio de Palacios, "resulta increíble que Migoya no pudiera estar al tanto de dichas informaciones posteriores".   

 "No parece muy normal", según el candidato de BA-UNA, "que se autorice un pago en abril, por unos trabajos supuestamente realizados, se abone y posteriormente se diga que se van a realizar esos mismos trabajos con un presupuesto, entendemos, que nuevo y superior en cuantía, si es que eso posteriores trabajos se hicieron".   

 Palacios explicó que "no consta el expediente de la inversión de 66.500 euros" anunciada en prensa, y desconoce si los trabajos se finalmente se ejecutaron. Así, junto con la solicitud de imputación de Migoya, pide que se requiera a la Consejería de Cultura dicho expediente, además del proyecto íntegro de construcción del centro al Ayuntamiento de Siero, y un certificado al mismo consistorio de las inversiones realizadas en este mismo centro.