Jueves, 28 de noviembre de 2024
la organización ha cuestionado el sistema judicial boliviano y ha afirmado que no existen garantías de un juicio "justo", de "imparcialidad ni debido proceso" contra los ahora antiguos altos cargos del Gobierno.
Bolivia estudia emprender acciones legales contra Luis Almagro por sus supuestas injerencias
En una entrevista a Red Uno, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha señalado que se está valorando la posibilidad a raíz de las declaraciones hechas por Almagro sobre el supuesto fraude electoral de 2019.
Tal y como ha explicado, el secretario general de la OEA es un "actor político" que, en caso de poder ser enjuiciado, "lo será".
Así, espera que rinda cuentas por la "gravedad de sus afirmaciones y la irresponsabilidad" que supuso el informe realizado por la organización tras unos comicios que acabaron derivando en la salida del ahora expresidente Evo Morales del país.
Morales, por su parte, ha acusado a Almagro de cometer crímenes de lesa humanidad y ha tildado sus declaraciones de ser un "atentado a la democracia". En su cuenta de Twitter, el exmandatario ha insistido, además, en que este carece de autoridad moral para pronunciarse sobre lo que sucede en Bolivia.
"Niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia, que es delito de lesa humanidad", ha dicho antes de destacar que "no se puede ignorar la lucha del pueblo humilde".
Además, ha respaldado las palabras de Sacha Llorenti, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que ha manifestado que los pueblos americanos saben que Almagro es el "corresponsable del golpe de Estado" y "cómplice de las masacres" perpetradas.
La OEA ha planteado recientemente crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el gobierno de Morales hasta la actualidad, incluyendo el periodo de Jeanine Áñez.
Por otra parte, la organización ha cuestionado el sistema judicial boliviano y ha afirmado que no existen garantías de un juicio "justo", de "imparcialidad ni debido proceso" contra los ahora antiguos altos cargos del Gobierno.
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