La Comisión Europea ha adoptado este jueves el dictamen negativo sobre las medidas tomadas por el Gobierno para cumplir con los objetivos de reducción de déficit, al considerar que "relajó" el esfuerzo en 2015 pese a las recomendaciones de Bruselas, lo que en la práctica supone activar el proceso para multar a España con hasta 2.000 millones de euros y la congelación de parte de los fondos comunitarios.

En su valoración, Bruselas ha criticado que los ingresos imprevistos de los últimos años, "sobre todo en 2015", no se utilizaran para acelerar la reducción del déficit. "Se relajó la política presupuestaria, en particular mediante una reforma fiscal y un crecimiento dinámico del gasto", según describe la opinión colegiada de la Comisión.

El documento aprobado por el Colegio de Comisarios certifica que España "no ha tomado medidas efectivas" para cumplir con las recomendaciones y las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y advierte de que "no es probable" que logre una corrección "oportuna y duradera" del desvío en 2016.

Pese al compromiso pactado con la UE de situar el déficit por debajo del 3% el próximo año, España sumará un déficit público "del 3,9% en 2016 y de un 3,1% en 2017", según las estimaciones difundidas este jueves por el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.

Ello supondría que España necesitaría dos años de prórroga y no uno como planteó inicialmente Bruselas en el mes de mayo, aunque este jueves el Ejecutivo comunitario ha advertido de que el calendario barajado en primavera ya no tiene validez y que presentará uno revisado "más adelante".

"Estamos obligados a constatar la ausencia de acciones efectivas para controlar el déficit nominal y el estructural. Son los hechos y la decisión que transmitimos", ha indicado ante la prensa Moscovici, horas después de que el dictamen negativo de Bruselas fuera comunicado al Consejo.

Aunque se especuló con que Bruselas había dejado para este jueves la decisión para dilatar el proceso hasta el otoño, finalmente será incluida en el orden del día de la próxima reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), el martes día 12.

Los ministros también examinarán una decisión negativa adoptada sobre la situación de Portugal, que tampoco ha cumplido con las exigencias del PEC y se enfrenta igualmente al riesgo de multa.

PLAZO DE ALEGACIONES

Si el Consejo valida el 12 de julio estas opiniones, se activará un plazo de 20 días para que la Comisión proponga una multa, que incluye un plazo de 10 días para que el Gobierno presente sus alegaciones en contra.

Ello permitiría al Colegio de Comisarios proponer la sanción en su última reunión previa al parón veraniego, el próximo 27 de julio. Si el Consejo no se opone al castigo en un plazo de diez días, la multa propuesta se formalizará a mediados de agosto.

Las reglas de disciplina fiscal prevén para los países incumplidores una multa equivalente al 0,2% de su PIB, lo que en el caso de España ascendería a unos 2.000 millones de euros, aunque Bruselas tiene margen para reducir hasta cero el precio del castigo.

El modelo de sanción incluye, además, la congelación de una parte de los fondos comunitarios asignados al Estado miembro en el año posterior, es decir, a 2017.

A este respecto, Dombrovskis ha admitido que habrá "contactos estrechos" entre Bruselas y Madrid y Lisboa para evaluar la situación y "tener en cuenta" los esfuerzos asumidos por los países y sus alegaciones para evitar el castigo.

El vicepresidente comunitario ha insistido en que las reglas de rigor se aplican de manera "inteligente", lo que permite contemplar el escenario de "reducir las potenciales sanciones o, incluso, de reducirlas a cero".

ESPAÑA "RELAJÓ" EL ESFUERZO EN 2015

La evaluación de Bruselas considera "insuficiente" la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy a las recomendaciones del Consejo de 2013 para corregir la senda y advierte de que no sólo no ha cumplido con el objetivo intermedio de situar el déficit en un 4,2% en 2015, sino que tampoco prevé que ponga fin al desvío durante el año en curso.

"El ajuste presupuestario queda muy por debajo de las recomendaciones del Consejo e incluso se relajó en 2015", ha advertido el ejecutivo comunitario en el documento trasladado al Consejo.

Así, ha advertido de que "no es probable" que España logre corregir de manera "oportuna y duradera" el déficit excesivo en 2016, y lo achaca a la falta de esfuerzo en los últimos años.

A modo de ejemplo, Bruselas considera que las reformas de la Administración Pública y del sistema de pensiones "no han sido suficientes" para compensar el impacto de otras medidas "expansivas" aplicadas durante 2015.

En concreto, el documento señala las consecuencias de decisiones como la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades y la restitución parcial de las pagas extraordinarias de Navidad anteriormente retiradas.

Dombrovskis y Moscovici han aprovechado su comparecencia para defender los tiempos elegidos por Bruselas para tomar las decisiones sobre España y Portugal, pese que sus evaluaciones del resto de países se cerraron el pasado mes de mayo. En el caso de España, han explicado, se debió a que había un proceso electoral en marcha sobre el que no quisieron interferir.