La Comisión Europea ha reactivado este miércoles el procedimiento de infracción que inició en marzo del pasado año contra el Gobierno británico por incumplir el acuerdo del Brexit al no aplicar el protocolo norirlandés, lo que en la práctica supone darle dos meses para dar marcha atrás en la ley que rompe unilateralmente con el pacto o elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"No hay duda de que no hay justificación legal ni política para cambiar de manera unilateral un acuerdo internacional (...). Es ilegal. También es extremadamente dañino para la confianza mutua", ha asegurado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, en una rueda de prensa para explicar las medidas legales tomadas por la UE.

Con todo, el político comunitario ha apelado a la negociación para buscar soluciones consensuadas y evitado precisar si Bruselas contempla otras medidas de represalia como la imposición de aranceles al comercio británico si persisten los incumplimientos.

"Claro que no se puede excluir nada si este proyecto de ley se convierte en ley. Pero no estamos ahí, dos socios deben dirigirse hacia las negociaciones y buscar un punto común que beneficie a los norirlandeses", ha zanjado al respecto.

Sobre el expediente sancionador, Sefcovic ha recordado que Bruselas lo aparcó meses después de iniciar su tramitación con el objetivo de buscar una solución negociada a las diferencias, con la línea roja de no renegociar el fondo del acuerdo, pero la falta de avances y la nueva ley británica han llevado a los servicios comunitarios a reactivar la vía legal.

Por ello, los servicios legales comunitarios han enviado ahora a las autoridades británicas un dictamen motivado, segunda fase en un procedimiento de infracción, con el que dan un plazo de dos meses a Reino Unido para corregir la situación y advierten de que, en caso contrario, Bruselas podrá elevar el caso ante la Justicia europea, cuya competencia también contesta Londres.

Este caso denuncia en concreto el incumplimiento de las disposiciones en materia de circulación de mercancías y de los desplazamientos de animales de compañía aplicables.

La Unión Europa considera que el incumplimiento de las salvaguardas previstas para evitar la vuelta a una frontera física en el Úlster supone una "violación del Derecho internacional" en tanto que el Acuerdo de Retirada que fija las condiciones del divorcio es un Tratado internacional.

DOS EXPEDIENTES MÁS

Pero la Comisión ha decidido abrir además otros dos expedientes contra el Gobierno de Boris Johnson por incumplir sus obligaciones respecto a las reglas sanitarias y fitosanitarias de la Unión Europea previstas en el protocolo, una de las condiciones aceptadas por los británicos para que Irlanda del Norte pudiera seguir participando del Mercado Único europeo.

La Unión Europa considera que el incumplimiento de las salvaguardas previstas para evitar la vuelta a una frontera física en el Úlster supone una "violación del Derecho internacional" en tanto que el Acuerdo de Retirada que fija las condiciones del divorcio es un Tratado internacional.

A ojos de los Veintisiete, Reino Unido pretende con su última ley fijar las condiciones de acceso al Mercado Único unilateralmente" y esto es "inconcebible e inaceptable", ha advertido Sefcovic, quien ha insistido en que aún hay margen para soluciones consensuadas, a condición de que Reino Unido acepte también negociar.

De este modo, el vicepresidente comunitario se ha aferrado a la última oferta de acuerdo presentada por los negociadores europeos el pasado otoño para "flexibilizar" la aplicación de las reglas del protocolo y salvar problemas prácticos detectados por las empresas y ciudadanos norirlandeses una vez se consumó el Brexit.

Sefcovic ha insistido en recordar que llevó "más de cuatro años" llegar a un acuerdo entre las partes, que después fue "firmado y ratificado" por ambas, y que el resultado de la negociación fue "la mejor solución que se pudo encontrar" para respetar las tres líneas rojas, en alusión a la necesidad de proteger los Acuerdos de paz de Viernes Santo, evitar la vuelta a una frontera física con fuerzas de seguridad entre las dos irlandas y garantizar el buen funcionamiento del Mercado Único.

"Estamos listos para demostrar que el protocolo ofrece el espacio legal suficiente para una aplicación fluida, sin controles invasivos", ha asegurado el político comunitario, quien también ha lamentado que en el tiempo de negociaciones para flexibilizar el protocolo Londres no haya aportado ninguna propuesta "seria" para buscar el acuerdo.

 Londres lamenta el procedimiento de

infracción abierto por Bruselas y pide

diálogo

El Gobierno de Reino Unido se ha mostrado "decepcionado" por la decisión de la Comisión Europea de reactivar el procedimiento de infracción por los incumplimientos del acuerdo del Brexit y ha insistido en que su prioridad sigue siendo una solución negociada a las actuales disputas.

Londres presentó el lunes su proyecto de ley para impugnar unilateralmente el Protocolo de Irlanda del Norte incluido en el Brexit, pese a que Bruselas ya venía advirtiendo de que, de hacerlo, conllevaría medidas. El Gobierno de Boris Johnson, sin embargo, ha lamentado el paso europeo y confía en poder pactar con la otra parte cualquier futuro cambio, según un portavoz de Downing Street citado por la BBC.

La Unión Europa considera que el incumplimiento de las salvaguardas previstas para evitar la vuelta a una frontera física en el Úlster supone una "violación del Derecho internacional" en tanto que el Acuerdo de Retirada que fija las condiciones del divorcio es un Tratado internacional.

Sin embargo, las autoridades británicas apelan a la "doctrina de necesidad", lo que pasa por esgrimir que el citado Protocolo representa un "peligro" para la estabilidad social y política en Irlanda del Norte. Sostienen, además, que no les ha quedado otra opción que actuar por su cuenta ante la supuesta inacción de la UE.

El paso anunciado este miércoles por la Comisión Europea supone darle dos meses a Londres para dar marcha atrás en la ley que rompe unilateralmente con el pacto o elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En total, Bruselas ha abierto tres expedientes sancionadores.