Bruselas considera esta norma un elemento clave de la 'hoja de ruta' consensuada por la UE para avanzar en la lucha conjunta contra el terrorismo y subraya que los Estados miembros tenían hasta septiembre de 2018 para trasladar a sus leyes nacionales la directiva.

La apertura del expediente tiene la forma de una carta motivada que señala a las autoridades nacionales los problemas y les da un plazo de dos meses para actuar y corregir la situación.

Estos procedimientos prevén una segunda etapa de diálogo si no se resuelve el conflicto en esta primera fase y, en última instancia, el Ejecutivo comunitario podría elevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Además de contra España, Bruselas ha actuado de la misma manera contra República Checa, Chipre, Grecia y Lituania, países a los que también reprocha no haber incorporado correctamente algunas de las disposiciones de la normativa común.

La directiva tipifica como delito y sanciona los delitos relacionados con el terrorismo, por ejemplo viajar al extranjero para cometer delitos terroristas, regresar a la UE o viajar dentro de esta para realizar actividades de esta índole, participar en adiestramientos con fines terroristas o financiar el terrorismo.

Además, establece disposiciones especiales para las víctimas del terrorismo a fin de garantizar que tengan acceso a una información fiable, así como a servicios de apoyo profesionales y especializados, inmediatamente después de un atentado y durante el tiempo que sea necesario.