La Comisión Europea tendrá más poderes para vigilar los presupuestos nacionales de los Estados miembros e incluso pedir cambios si detecta desviaciones importantes respecto a los objetivos de ajuste fiscal de cada país, según el acuerdo alcanzado este miércoles por la presidencia irlandesa de la UE y la Eurocámara.  

  "Se ha logrado un avance decisivo que permitirá un nuevo refuerzo significativo de la gobernanza económica en la eurozona", se ha felicitado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que ha anunciado que espera aplicar ya las nuevas reglas en el ejercicio presupuestario 2014.  

  La legislación en cuestión completa el nuevo marco reforzado de disciplina presupuestaria del que se ha dotado la eurozona para tratar de prevenir nuevas crisis de deuda.   

El pacto ha sido posible, tras casi un año de negociaciones, gracias al compromiso del Ejecutivo comunitario de poner en marcha un grupo de sabios independientes -formado por juristas, economistas, expertos en gestión de deuda y mercados financieros, que se encargará de examinar la viabilidad de crear un fondo de amortización de la deuda y euroletras en la eurozona.  

  Esta era la exigencia de la Eurocámara para aceptar un mayor refuerzo de las reglas de disciplina fiscal en la eurozona. No obstante, Alemania, con el apoyo de países como Holanda o Finlandia, se opone a cualquier tipo de mutualización de la deuda, alegando que quitará presión a los países en crisis para hacer las reformas necesarias.  

  El grupo de expertos presentará sus conclusiones antes de marzo de 2014, pero éstas no tendrán carácter vinculante. "La Comisión examinará el informe y, si le parece apropiado, hará propuestas antes del final de su mandato", ha explicado Rehn.

   El vicepresidente económico también se ha comprometido ante la Eurocámara a presentar antes de que acabe el año un mecanismo de coordinación previa de las reformas estructurales de los países de la eurozona y un instrumento para dar apoyo financiero a los países que hagan las reformas estructurales que reclama la UE.   

La legislación aprobada este miércoles por la Eurocámara y los Veintisiete obliga a todos los Estados miembros a presentar a Bruselas, como muy tarde el 15 de octubre de cada año, un proyecto de plan presupuestario para el ejercicio siguiente.   

El Ejecutivo comunitario presentará un dictamen si lo considera necesario y podrá reclamar cambios en el proyecto de presupuesto si detecta desviaciones importantes respecto a los objetivos de ajuste fiscal del país en cuestión.   

Además, se dan nuevos poderes a la Comisión para que pueda someter a "vigilancia reforzada" a los países en crisis que amenacen la estabilidad financiera de la eurozona. Bruselas realizará un seguimiento trimestral de los países sometidos a este tipo de control y también podrá enviar misiones sobre el terreno cuando lo considere oportuno.   

La norma permitirá finalmente obligar a los países en crisis a pedir asistencia financiera a la UE. El objetivo de esta medida es evitar un agravamiento de la situación y un aumento de los costes del rescate.