El Ejecutivo comunitario se ha limitado a anunciar un procedimiento de infracción contra Francia sobre una cuestión menor, la incorrecta aplicación de la norma de la UE de 2004 sobre la libre circulación de personas. Además, el lanzamiento de este expediente todavía puede paralizarse si París da garantías de que corregirá su legislación antes del 15 de octubre.

   La portavoz de la Comisión, Pia Ahrenkilde, ha justificado esta decisión en las garantías recibidas "al más alto nivel" por parte de Francia de que sus medidas de expulsión "no tenían como objetivo o como efecto concentrarse en una minoría étnica específica sino que han tratado a todos los ciudadanos de la UE de la misma forma".   

Además, París ha anulado la polémica circular fechada el 5 de agosto que el ministerio del Interior francés remitió a las fuerzas de seguridad con la orden de desmantelar todos los campamentos ilegales, especialmente los de gitanos, que "no se ajustaba a esta orientación", ha resaltado la portavoz.   

Además, las autoridades francesas han asegurado a la Comisión que aplicarán de forma "totalmente eficaz y no discriminatoria" el derecho de la UE, en conformidad con los Tratados y con la Carta de los Derechos Fundamentales.  

  "La Comisión continuará el diálogo con las autoridades francesas y les enviará una carta con cuestiones detalladas sobre la aplicación en la práctica de las garantías políticas que ha recibido", ha anunciado Ahrenkilde.   

Con todo ello, el Ejecutivo comunitario zanja la cuestión de la posible discriminación por parte de Francia en las expulsiones de gitanos. La vicepresidenta Reding había amenazado con un segundo expediente por la no trasposición por parte de Francia de las garantías procedimentales contempladas en la directiva de libre circulación de personas, pero tampoco este procedimiento de infracción se ha sustanciado este miércoles.  

  La Comisión se ha limitado a anunciar que enviará en octubre una carta de emplazamiento por este motivo, primera fase de un expediente, "a menos que Francia envíe antes del 15 de octubre un proyecto de medidas de trasposición y un calendario preciso para su adopción". Ello significa que, si París cumple esta condición, a la que ya se ha comprometido el presidente Nicolas Sarkozy, el procedimiento de infracción nunca llegará a lanzarse.

   Las palabras de Reding cuando anunció los expedientes estableciendo un paralelismo entre la actual política francesa hacia los gitanos y las deportaciones de judíos desató una tormenta en París, con su presidente a la cabeza. Nicolas Sarkozy sugirió a la vicepresidenta acoger en su Luxemburgo natal a los gitanos expulsados de Francia y amenazó con no acudir a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas el pasado 16 de octubre si antes Reding no pedía disculpas.  

  La cuestión de los gitanos monopolizó la última cumbre de líderes europeos, que vivió un duro enfrentamiento entre Sarkozy y el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso. El presidente francés logró el apoyo de sus colegas frente a lo que consideró "excesos" verbales de Reding, pero nadie cuestionó el papel de la Comisión, en tanto que guardiana de los Tratados, para investigar si Francia violó o no la normativa comunitaria.

   El pasado 21 de septiembre, en Estrasburgo, Reding reaccionó diciendo que, lejos de verse desautorizada por la dureza con la que Sarkozy le echó en cara sus declaraciones, se sentía reforzada políticamente, y garantizó que seguiría hablando alto y claro cuando considerara que los valores en los que se funda la UE se ven dañados.