Jueves, 09 de mayo de 2024

281.800 millones para las ayudas agrícolas

Bruselas propone recortar un 7,4% el gasto agrícola para el periodo 2014-2020

  La Comisión Europea ha propuesto que las arcas comunitarias dediquen a la agricultura 386.900 millones de euros durante el periodo 2014-2020, lo que supone una reducción del 7,4% respecto a los recursos que la Unión Europea concedió a la Política Agraria Común (PAC) en el periodo anterior, entre 2007 y 2013, cuando le fueron asignados 417.000 millones.   

 La propuesta supone destinar a la agricultura el 36,2% del presupuesto de la Unión Europea para 2014-2020, tres puntos menos que en el periodo actual.  

  El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, que en los últimos meses ha defendido la necesidad de contar con un presupuesto "fuerte" acorde a nuevos retos como la volatilidad de los precios, la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, ha asegurado que se trata de una "buena" propuesta porque "mantiene" el gasto agrícola y permitirá encarar una reforma "sustancial" de la PAC, cuando empiecen las negociaciones el próximo otoño.

   En concreto, Bruselas apuesta por destinar 281.800 millones de euros para las ayudas agrícolas, sobre todo el pago único, y financiar con otros 89.900 millones las políticas de desarrollo rural, con lo que las arcas comunitarias reservarán 371.700 millones de euros para la agricultura.  

  Habrá además una financiación adicional de 15.200 millones de euros a través de programas que han sido reubicados en otras políticas comunitarias como el Fondo Social o mecanismos de respuesta urgente a crisis, y con ello el Ejecutivo comunitario logra aumentar el gasto agrícola hasta los 386.900 millones.    El fuerte peso del gasto agrícola en el presupuesto comunitario ha sido criticado por países que, como Reino Unido y Alemania, han llamado a la contención e incluso a recortar los fondos de la UE, siguiendo el ejemplo de las medidas de ajuste impulsadas por los gobiernos nacionales.  

  En respuesta, la propuesta presentada en rueda de prensa a última hora del miércoles por el presidente del Ejecutivo, Jose Manuel Durao Barroso, plantea cierta diversificación de los fondos tradicionalmente acordados a la PAC y pasan a enmarcarse en otras partidas, pese a que seguirán costeando medidas agrícolas.  

  Por ejemplo, el programa de ayuda para alimentos para la población más desfavorecida de la Unión Europea pasará a la cuenta del Fondo Social, del que recibirá 2.500 millones de euros. El comisario Ciolos planteó esta semana reducir de 500 a 113 millones en 2012 la dotación de esta iniciativa, obligado por un fallo del TUE que atendió la queja de Berlín de que se trata de una política social y no agrícola. Otro ejemplo son los 2.200 millones de euros en siete años que irán a parar a acciones relacionadas con políticas sanitarias y veterinarias que a partir de 2014 se gestionarían desde la dirección de Salud.

   La propuesta de presupuesto plantea otras novedades, como la creación de una "reserva de emergencia" dotada con 500 millones de euros anuales, esto es 3.500 millones en total, para hacer más fácil la respuesta de la UE ante posibles crisis de mercado -como la actual por "E coli",- catástrofes vinculadas al cambio climático u otros riesgos imprevistos, explican fuentes comunitarias.  

  También contempla una asignación de 2.500 millones de euros para actuar en caso de crisis no vinculadas directamente al sector agrícola, sino a factores indirectos de los mercados financieros que agraven la volatilidad de los precios. La necesidad de una mayor innovación e investigación para responder a la demanda mundial de alimentos exige, además, una inversión de 4.500 millones de euros en investigación agrícola, añaden las fuentes.  

  Parte de los cambios introducidos por esta propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintisiete y la Eurocámara, servirán para dar impulso a algunas de las ideas que el comisario Ciolos plantea para la reforma de la PAC, tales como primar los esfuerzos medioambientales condicionando el 30% de las ayudas directas a prácticas "verdes", fijar un techo máximo para los subsidios o redefinir de manera más clara el concepto de "agricultor activo".


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