Sabado, 27 de abril de 2024
para España a partir de 2020
Bruselas quiere recortar un 5,4% los fondos agrícolas
En concreto, Bruselas ha planteado conceder a España 33.481 millones de euros en pagos directos (un 3,5% menos), 7.008,4 millones de euros para los diferentes programas de desarrollo rural (un 15,3% menos) y 3.287 millones en subvenciones para mercados específicos.
No obstante, para calcular la reducción, el Ejecutivo comunitario proyecta los fondos que recibirá España en 2020 - último el último año de la PAC actual - en todo el periodo 2014-2020. Las cifras, además, están dadas en términos nominales.
En cualquier caso, el borrador de normativa de Bruselas prevé conceder a los Estados miembros una mayor flexibilidad para gestionar sus asignaciones. En concreto, los países de la UE tendrán la opción de transferir de los pagos directos al desarrollo rural hasta un 15% de sus fondos, con el objetivo de garantizar que que se destinan a las prioridades nacionales.
En total, la PAC para el periodo 2021-2027 tendrá un presupuesto de 365.000 millones de euros, lo que supone un recorte del 5% en términos nominales. España es, según la propuesta, el segundo país de la UE que más fondos recibirá, por detrás de Francia (62.308 millones) y por delante de Alemania (40.987 millones) e Italia (36.359 millones).
El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, ha presentado el borrador normativo, que ahora debe ser debatido y aprobado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, en una rueda de prensa en la que ha destacado que la propuesta cumple el objetivo de "modernizar y simplificar" la PAC, al tiempo que "aporta una auténtica subsidiariedad".
Bruselas ha remarcado que los pagos directos "seguirán siendo una parte fundamental" de la PAC para garantizar la estabilidad en los ingresos de los agricultores. En este sentido, el borrador recoge algunas medidas para conseguir que el reparto de los fondos sea "más equitativo" entre los países a través de la "convergencia externa".
Además, la Comisión Europea propone que los pagos directos se reduzcan a partir de los 60.000 euros y establecer un límite máximo de 100.000 euros por explotación. También ha planteado que se tengan en cuenta los costes laborales y que las pequeñas y medianas explotaciones reciban un nivel más elevado de ayuda por hectárea.
Otra de las iniciativas de Bruselas es obligar a los Estados miembros a reservar como mínimo el 2% de su asignación para pagos directos a ayudar a jóvenes agricultores y ganaderos.
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