La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a España que rebaje las cotizaciones sociales y compense la pérdida de ingresos con un aumento del IVA y que acelere el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.   

 "España tiene margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal desplazando los ingresos hacia los impuestos que crean menos distorsiones, como los que gravan el consumo (en particular el IVA)", señala el informe elaborado por el Ejecutivo comunitario.   

 El aumento del IVA, sugiere Bruselas, podría lograrse suprimiendo gran parte de los tipos reducidos (8%) y superreducidos (4%) que se aplican a algunos productos. Los ingresos por IVA de España ascendieron al 5,5% del PIB en 2010, el porcentaje más bajo de toda la UE. Y el tipo normal del impuesto (18%) está entre los más bajos de los Estados miembros, según destaca la Comisión.   

"Debido a la amplia aplicación del tipo reducido y el superreducido y a la cantidad de exenciones, el ingreso real por IVA alcanzó únicamente el 42% del nivel teóricamente posible", denuncia el Ejecutivo comunitario, que también lamenta la "falta de eficacia de las medidas para reducir el nivel de evasión del IVA".

    Por lo que se refiere a las pensiones, la Comisión cree que la reforma aprobada en 2011 que retrasa la edad de jubilación a los 67 años y amplía en 10 años el periodo para calcular el importe de la pensión, y que se aplica progresivamente hasta 2027, es un "paso importante" pero no suficiente.  

  "Para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el Gobierno debe garantizar suficientes superávits primarios a medio plazo, acelerar el incremento gradual previsto en la edad de jubilación y llevar a cabo una actualización anticipada del factor de sostenibilidad previsto en el sistema de pensiones reformado" para ajustarlo a los cambios en la esperanza de vida, reclama Bruselas.

La Comisión Europea ha dicho este miércoles que la ley de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno es un "paso positivo" pero insuficiente para controlar el gasto de las comunidades autónomas, a las que atribuye la responsabilidad de los desvíos en materia de déficit público de España en 2011.   

 "La ley es un paso positivo, ya que obliga no sólo al parlamento nacional, pero también a los parlamentos regionales, a respetar la estabilidad presupuestaria", explica el Ejecutivo comunitario en su evaluación de las reformas españolas.   

 "No obstante, la ley prevé un periodo de transición muy largo, hasta 2020. Es más, las partes preventiva, correctiva y coercitiva del nuevo marco presupuestario incluyen plazos relativamente largos y podrían ser insuficientes para garantizar una corrección a tiempo de desviaciones presupuestarias", resalta el Ejecutivo comunitario.  

  Bruselas también critica que la ley no prevé la creación de una oficina presupuestaria "independiente".