Miercoles, 08 de mayo de 2024
Propondrá medidas para reforzar la cooperación entre fiscales y jueces de toda la UE
Bruselas ve insuficientes los instrumentos disponibles para luchar contra el fraude en ayudas comunitarias
La Comisión Europea ha anunciado este jueves que propondrá medidas para reforzar la cooperación entre fiscales y jueces de toda la UE para combatir con mayor eficacia el fraude en ayudas comunitarias, ya que considera que los instrumentos disponibles actualmente son insuficientes. Bruselas quiere además fortalecer la legislación penal aclarando la definición de infracciones como la malversación de fondos y el abuso de poder.
Sólo en 2009, hubo presuntos casos de fraude por importe de 280 millones de euros en relación con fondos comunitarios, lo que representa menos del 0,2% del presupuesto total de la UE, según datos del Ejecutivo comunitario. "En tiempos de austeridad económica, cada céntimo de euro del presupuesto de la UE cuenta. La UE no tolerará que el dinero del contribuyente sea malgastado", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, en un comunicado.
La Comisión quiere además potenciar las competencias de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de Eurojust, el organismo de cooperación judicial de la UE. Finalmente, Bruselas sopesa proponer la creación de una fiscalía europea especializada en la lucha contra el fraude.
En la actualidad, los instrumentos disponibles para detectar y prevenir el mal uso de los fondos de la UE son, a veces, inadecuados e insuficientes, según la evaluación del Ejecutivo comunitario. Las autoridades de los Estados miembros "se enfrentan aún a muchos obstáculos que impiden la protección efectiva de los fondos de la UE contra la delincuencia".
Esto es así, según Bruselas porque hay diferentes normas en materia de procedimientos, infracciones y sanciones, lo que va en detrimento de las investigaciones contra el fraude transfronterizo y de las actuaciones judiciales.
Como consecuencia, el porcentaje de condenas en casos de infracción contra el presupuesto de la UE varía considerablemente en toda la UE, desde un 14% a un 80%. Desde 2000, los servicios judiciales nacionales desestimaron 93 de un total de 647 casos de la OLAF sin motivos específicos y 178 por razones discrecionales.
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