Después de casi tres años, socialistas y populares han cerrado el acuerdo que desbloquea la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó en diciembre de 2007 y han presentado una propuesta conjunta de tres nombres ante la Comisión de Nombramientos.

   La propuesta no ha logrado sin embargo recabar el voto favorable de los partidos catalanes --CiU ha votado en contra mientras que Entesa Catalana del Progrés se ha abstenido--, en señal de protesta por la decisión de no elegir a los candidatos del Parlament.  

  Pese a ello, la terna ha salido adelante con el apoyo de PSOE, PP, PNV y Grupo Mixto y ahora queda a la espera de sumar un cuarto nombre para poder ser elevada al Pleno de la Cámara y obtener la mayoría de tres quintos requerida que obliga al acuerdo entre socialistas y populares.  

  Para este nuevo nombre, el presidente del Senado, Javier Rojo, ha dado de plazo a los grupos parlamentarios hasta el viernes a mediodía para que registren sus propuestas más allá de los candidatos llegados desde las comunidades autónomas.  

  El portavoz popular, Pío García-Escudero, ha adelantado que no agotará el plazo y antes del viernes su grupo parlamentario registrará su propuesta para designar a Francisco Pérez de los Cobos, un nombre que deberá ser revisado por la Mesa de la Cámara en su reunión del próximo martes para iniciar todos los trámites requeridos antes de su votación final.  

  "CAPACIDAD" DE TODOS LOS CANDIDATOS   

Javier Rojo ha querido trasladar su "reconocimiento" a todos los candidatos elegidos por las comunidades autónomas, que presentaron propuestas "responsables y medidas", y ha reconocido su "capacidad" para formar parte del Tribunal Constitucional, más allá de la decisión final.

   "La complejidad de la situación a nadie se le escapa, pero es de justicia reconocer el papel de las comunidades autónomas y los candidatos", ha subrayado tras celebrar que el Senado ha abierto "un camino distinto" para la designación de miembros del alto tribunal.   

El acuerdo alcanzado incluye por parte del PP al ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y, a propuesta de los socialistas, a la catedrática Adela Asúa (propuesta por el Parlamento vasco) y a Luis Ignacio Ortega (por parte del Parlamento de Castilla-La Mancha).   

UN MAGISTRADO CATALÁN EN EL CONGRESO

   La decisión de no incluir ningún nombre del Parlament, pese al acuerdo alcanzado allí entre todos los grupos políticos, ha provocado el enfado de CiU y su voto en contra. Su portavoz, Jordi Vilajoana, ha lamentado esta situación y ha recordado que históricamente el Tribunal Constitucional ha contado con un miembro catalán.  

  En este punto, ha desvelado que existen conversaciones con el Gobierno de la Generalitat para poder incluir a uno de sus candidatos en la renovación que debe poner en marcha próximamente el Congreso. "Pero hasta que el proceso no termine, no se puede dar nada por seguro", ha advertido.

   El mismo argumento ha provocado la abstención de Entesa Catalana del Progrés. Sin embargo, su portavoz, Carles Bonet, ha recordado la composición del grupo parlamentario --PSC, ERC e IU-ICV-- y ha explicado que en el Pleno cada senador decidirá libremente su voto.

   La portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, no ha querido entrar en este asunto y ha recordado que todas las comunidades autónomas propusieron a sus candidatos y sólo se ha podido elegir a tres de ellos, por lo que no considera necesario responder a las críticas de los catalanes.   

SATISFACCIÓN POR EL ACUERDO   

Más allá de esta consideración, Silva ha celebrado el acuerdo alcanzado y ha asegurado que se trata de una buena noticia para el Senado y para "la democracia", ya que por fin se ha dado salida a un asunto muy importante relacionado con las instituciones del Estado.   

También ha mostrado su satisfacción por el acuerdo el portavoz popular, que ha reconocido estar "contento y satisfecho" por el desbloqueo de una situación "incómoda" y ha achacado el retraso a la decisión de incluir a los parlamentos autonómicos en el proceso.