Así, la plataforma ha desvelado la estrategia jurídica que seguirán los abogados del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que unos 5.000 afectados han encomendado la defensa de sus intereses.  

  De este modo, desde el punto de vista penal, se personarán como acusación personal contra los controladores como presuntos responsables de los hechos ocurridos antes de que se militarizara el espacio aéreo y se declarara el estado de alarma en el país, puesto que después no tienen constancia de que se hayan producido hechos perseguibles.

   En este sentido, los letrados han afirmado que son aplicables los artículos 20 y 21 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea y han sostenido que la pena que se establece es la de prisión mayor, es decir de tres a ocho años de cárcel.

BLOQUEO JURIDICO.

   El letrado Manuel Iglesias ha advertido de la "torre de Babel" que se puede originar al presentar las reclamaciones en varios juzgados que "unos pueden estimar y otros no", mientras que el abogado Luis Vericat ha añadido que van a exigir "que los ciudadanos que ya han sufrido un bloqueo aéreo, no sufran un bloqueo jurídico".

   En este sentido, los afectados por el cierre del espacio aéreo temen que les perjudique que varios jueces sean a la vez competentes para enjuiciar el caso.  

  Por ello reclaman la creación de un juzgado específico "dotado de medios materiales y personales extraordinarios" que permita resolver con celeridad y seguridad jurídica el caso.

INDEMNIZACIÓN DE 10.000 EUROS POR AFECTADO

   La segunda vía que abrirá la defensa de los afectados por el caos aéreo será la presentación de una reclamación contra AENA, sin descartar, en caso de que sea necesario, actuar por la vía del contencioso administrativo. "AENA es un órgano público adscrito al Ministerio de Fomento que tiene a los controladores mediante una relación laboral", ha explicado el letrado Manuel Iglesias, que ha añadido que el convenio colectivo firmado por AENA y USCA en 1999 recoge la responsabilidad de la compañía aeroportuaria respecto al comportamiento de los controladores.

   No obstante, los letrados han recordado que AENA podrá reclamar a los controladores las indemnizaciones a las que deba hacer frente, aunque señalaron que no tienen interés en que "esto lo termine pagando los presupuestos del Estado".  

  La cantidad que van a reclamar asciende a 10.000 euros por afectado al considerar que no son aplicables los baremos que se aplican habitualmente en caso de cancelación o retraso por lo "excepcional de las circunstancias" denunciadas. "Estamos hablando de un daño masivo a la sociedad", ha sostenido el letrado Javier Cremades.

   Por ello, el letrado Juan Ignacio Peinado ha considerado que "lo más razonable es garantizar una respuesta estandarizada" con la que se puedan satisfacer de forma general "las necesidades de los afectados". "Vamos a estar ante la demanda colectiva más importante de nuestro país", ha adelantado Vericat.

DOS CASOS ENTRE 600.000   

Entre los afectados que se han sumado a esta plataforma se encuentra Alaitz San Sebastián, cuyo padre de 57 años falleció de un infarto el viernes 3 de diciembre en los aseos de la T4 de Barajas. "Si estas personas no hubieran hecho lo que han hecho mi padre hubiera llegado a su destino y si hubiera tenido que morir lo hubiera hecho rodeado de sus seres queridos", ha lamentado la hija, quien ha añadido que no sabe si "el caos o los nervios pudieron afectarle más de lo normal".

   Por otra parte, Elena Fuente ha relatado la experiencia de su familia, a quienes el cierre del espacio aéreo les pilló volando de Madrid a Fuerteventura, por lo que su vuelo se derivó a Portugal. "Te están secuestrando porque yo he salido de España y he acabado en un país extranjero", ha criticado Elena, para quien la actitud de los controladores es un "abuso total".