"El CGPJ es necesario que se produzca su renovación. No cabe el chantaje 'mientras no se cambie una ley no lo aceptaré', porque eso no es cumplir el Estado de Derecho, eso no es ser constitucionalistas y sé que ustedes lo son. Por tanto, les pido una reconsideración de eso que aparece diluido en prensa, pero que no me lo creo. Sé que van a estar y espero que lo hagamos cuanto antes", ha dicho en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Campo se ha referido al planteamiento que realizó el presidente del PP, Pablo Casado, en una reciente entrevista en El Confidencial donde reclamó al Gobierno que primero se reformara el sistema de elección de los doce vocales procedentes del turno judicial, para que sean elegidos por los propios jueces, y después se renovara el CGPJ, algo que lleva pendiente dos años y para lo que se necesita la fuerza parlamentaria de PSOE y PP.

El acuerdo parecía inminente hacia el mes de febrero, después de que casi se cerrara el pasado verano, pero el veto del PP a dos jueces apoyados por Unidas Podemos --Victoria Rosell y José Ricardo de Prada-- lo hizo saltar por los aires. Desde entonces, el ministro ha asegurado que el pacto está hecho y solo queda que los 'populares' quieran hacerlo público, algo que confió que ocurriera tras las elecciones madrileñas, si bien sigue pendiente.

Campo ha incidido este miércoles en que la renovación del CGPJ, así como la del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo --también en el tintero--, es una obligación constitucional que "no admite alternativas". "Gusten unas normas o no (...) hay que cumplirlas", ha subrayado, apostillando que "no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial".

En este contexto, ha vuelto a expresar su deseo de que "muy pronto tengamos una solución a este problema", aunque al mismo tiempo ha advertido de que, si el bloqueo continúa, eso no frenará la acción de su Ministerio. "Mientras tanto no voy a dejar de impulsar todas las políticas necesarias para que los ciudadanos tengan una mayor efectividad en su tutela judicial", ha dicho en el marco de la presentación de su plan 2030 para la modernización de la Justicia.

EL 'PLAN B' DEL PP

El diputado del PP Miguel Ángel Jerez también ha pedido a Campo y al Gobierno que recapaciten, haciendo hincapié en que "el consenso va en dos direcciones", no solo cuando la oposición acepta las ideas de Moncloa, y le ha urgido a revisar sus posturas sobre dos cuestiones: el mecanismo para nombrar a los vocales togados y el 'plan b' del Partido Popular para dar cobertura jurídica a las medidas restrictivas que se adopten tras el estado de alarma.

Jerez le ha llamado la atención sobre la carta enviada por 2.500 jueces españoles a la UE porque "creen que la independencia judicial está totalmente amenazada". "No se lo voy a ocultar, la leí con pena", ha admitido Campo, para matizar a continuación que en realidad fueron "tres asociaciones" judiciales y destacar que, según encuestas internas del CGPJ, el 99% de los jueces se sienten independientes.

En cuanto a la situación surgida tras el 9 de mayo, el diputado del PP ha afeado al Gobierno que "lleva un año como el que oye llover" porque no ha abordado las reformas legislativas que prometió, dejando la carga de las decisiones sobre las restricciones sanitarias a los Tribunales Superiores de Justicia y al Supremo. "Le pedimos que recapaciten, que se pongan en la piel de los jueces y ciudadanos y asuman su responsabilidad. No merece la pena insistir en el error", ha exhortado.

El ministro le ha contestado recriminando al PP sus cambios de parecer sobre el estado de alarma y defendiendo una vez más que los tribunales, y especialmente el Supremo en su rol de "unificador de criterios", tengan la última palabra sobre restricción de derechos fundamentales. "No podemos sentirnos más tranquilos", ha zanjado.

Campo y el representante 'popular' también se han enzarzado por el preámbulo de la ley que despenaliza los piquetes informativos, donde se acusa al PP de un "desmantelamiento de libertades" en España. Jerez ha recriminado este "ajuste de cuentas" en el BOE, emplazando al ministro a que diera su opinión, a lo que éste ha contestado reconociendo que no es de su agrado. "No me gusta la exposición de motivos del 315, pero tampoco me gustaba lo de Zapatero en su enmienda", ha espetado.

LA REFORMA PENAL, EN "UN PAQUETE"

Por otro lado, el titular de Justicia ha respondido a las preguntas que les han planteado los portavoces de Bildu, Junts y ERC sobre el estado en el que se encuentra la reforma penal, interesándose en particular por los cambios previstos respecto a los delitos de sedición y rebelión y los llamados delitos de opinión.

En este punto, Campo ha confirmado que habrá reforma del Código Penal (CP), porque "el derecho penal es algo vivo que tiene que adaptarse a la sociedad a la que sirve", si bien ha recalcado que al tratarse de "un texto tan importante" debe ser fruto de "la meditación y el cálculo". Lo que sí ha avanzado es que el Ejecutivo intenta presentar "un paquete" que verá la luz "en el momento en que esté terminado". "No podemos hacer propuestas del CP cada cuarto de hora", ha justificado.

Una respuesta similar ha dado a las preguntas sobre el estado de los indultos solicitados para los condenados por el 'procès'. Así, ha repetido que el trámite está aún en el Tribunal Supremo y que, hasta que la sede judicial no le remita los expedientes con lo informes preceptivos, ni el Ministerio ni el Gobierno podrán pronunciarse.

Asimismo, el ministro ha respondido a las críticas que le han lanzado los diputados de Bildu, Junts, ERC y Vox sobre la mala imagen de la justicia entre la ciudadanía para reivindicar que en España no hay "ni politización de la justicia ni judicialización de la política" y exigir a las fuerzas políticas y a los operadores jurídicos "respeto" a la administración judicial.

JUSTICIA 2030

Campo también ha protagonizado un pequeño enfrentamiento verbal con Javier Ortega-Smith (Vox), después de que éste dijera que "miles de españoles no han tenido justicia" porque aún no han visto a los 'etarras' que asesinaron a sus seres queridos en el banquillo de los acusados. El ministro se ha plantado para destacar que "se han llevado a la Justicia todos los que se han encontrado" y que "las víctimas están siendo atendidas lo mejor que podemos".

Ortega-Smith ha cargado igualmente contra el plan 2030, del que ha dicho que "parece la Agenda 2030 con toga", al considerar que "es humo, propaganda y palabras huecas" que no ponen remedio a "la esclerosis de la Justicia".

En la misma línea, pero en un tono más relajado, se ha expresado el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal. "Parece que el Ministerio, con buena voluntad, vive bastante al margen de la realidad de la Justicia", ha lamentado.

El ministro, por su parte, ha ensalzado el plan 2030 como la "placa base" de la transformación de la administración de justicia con miras a que sea más eficiente, accesible y sostenible, recalcando que aspira a que sea un "proyecto país" y, como tal, cuente con el mayor consenso político y de operadores jurídicos.