El jefe de Gobierno de Argentina, Jorge Capitanich, ha aclarado este sábado que "el ejercicio de la seguridad pública es estrictamente provincial", en el marco de los disturbios que se han desatado en varias provincias como consecuencia de las huelgas policiales.

   En una rueda de prensa, ha recordado que "existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de abril 1869 que ratifica que la seguridad pública es un poder no delegado, por lo que indudablemente es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial".

   "La seguridad pública está regulada en virtud de la Ley 24059 y sus modificatorias y eso implica que, frente a causales expresamente establecidas en los artículos 23 y 24, debe haber un pedido formal para requerir apoyo por parte del Estado nacional", ha añadido.

   Así, ha explicado que la Casa Rosada no puede intervenir en el conflicto entre los gobiernos provinciales y sus cuerpos de seguridad porque, de hacerlo, estaría violando el principio de autonomía de las provincias argentinas.

   Si bien, ha advertido, ante la tentación de los gobernadores de ceder a las demandas de los policías para un aumento salarial que "debe haber una responsabilidad para poder asumir compromisos porque, si no, se resolvería un problema hoy para generar otro mañana".

   Además, ha revelado que en los últimos días ha hablado con los gobernadores de Córdoba, José Manuel de la Sota; Catamarca, Lucía Corpacci; Santa Fe, Antonio Bonfatti; y Buenos Aires, Daniel Scioli, "para hacer un monitoreo adecuado de la situación".

   El conflicto entre los gobiernos provinciales y sus policías estalló el pasado lunes, cuando los agentes de Córdoba se declararon en huelga, dando lugar a dos días de violencia que se saldaron con un muerto, 200 heridos y miles de comercios saqueados.

   En este contexto, la gobernadora cordobesa se vio obligada a sentarse a la mesa de negociaciones y a aceptar un aumento salarial desde los 2.500 a los 8.000 pesos mensuales a cambio de que los uniformados volvieran a las calles.

   Siguiendo el ejemplo de Córdoba, los cuerpos de seguridad provinciales de han declarado en huelga en Catamarca, donde el conflicto ya se ha solucionado con otro aumento salarial, y Río Negro y Neuquén, donde las negociaciones han fracasado.

   Este sábado la situación se ha complicado en las provincias de Santa Fe y San Juan, con incendios, saqueos y cortes de tráfico. Sus gobernadores ya han solicitado a la Casa Rosada que envíe a la Gendarmería para acabar con los desmanes.