Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, con Hugo Chávez al frente del Gobierno, lo que abrió la puerta a que el TPI tenga desde julio de 2002 competencias para examinar los supuestos crímenes cometidos en territorio del país sudamericano o por ciudadanos venezolanos.

Durante estos últimos años, tanto el Ejecutivo chavista como la oposición política han solicitado la intervención de la corte para frenar supuestos abusos, en una internacionalización de la disputa interna que se prolonga ya desde hace varios años y que podría llevar a un punto de inflexión a corto plazo.

De las dos carpetas preliminares que tiene abiertas la Fiscalía del TPI, la más antigua ('Venezuela I') deriva de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018. Sobre la mesa están los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el Gobierno de Maduro.

En 2020, la oficina de Bensouda concluyó que hay indicios "razonables" de que pudieron cometerse crímenes contra la Humanidad, en particular por los posibles abusos cometidos durante la detención. Estos meros indicios ya fueron celebrados como un aval por parte de la oposición que encabeza Juan Guaidó, que desde enero de 2019 se reivindica como 'presidente encargado' de Venezuela.

Por otra parte, 'Venezuela II' examina por petición del Ejecutivo de Maduro si se han cometido crímenes contra la Humanidad "como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos". Caracas establece también como punto de inicio a tener en cuenta el año 2014.

DECISIÓN A LA VISTA

El Estatuto de Roma no establece ningún plazo límite para cerrar las investigaciones preliminares, pero Bensouda ya adelantó en 2020 que prevé dar algún paso antes de dejar la oficina a mediados de junio. A partir de esa fecha, el británico Karim Khan tomará las riendas de la Fiscalía del tribunal de La Haya.

Fuentes de la oficina fiscal han confirmado a Europa Press que el calendario planteado por Bensouda se mantiene, es decir, que la "decisión final" sobre 'Venezuela I' llegará "en la primera mitad de 2021".

La abogada y política venezolana Delsa Solórzano, miembro de la Asamblea Nacional elegida en 2015 e implicada en la campaña de denuncias internacionales, asegura que no dispone de más información que la que la propia fiscal ha facilitado en los últimos meses, si bien confía en que, fechas aparte, el resultado será positivo para su causa.

"Si la señora Fatou Bensouda actúa conforme a Derecho y apegada estrictamente a las normas del Estatuto de Roma, no hay ninguna posibilidad de que no se abra", sentencia Solórzano, en una entrevista telefónica con Europa Press en la que recuerda que la fiscal ya dijo "claramente" en 2020 que hay base para seguir tirando del hilo.

Si finalmente las pesquisas avanzan, llegará el momento de señalar a posibles responsables, "con nombres y apellidos". Solórzano cree que en la lista debería figurar "desde el propio Nicolás Maduro a ministros, altos jerarcas del régimen, jefes de las policías de Venezuela".

Cree que la Fiscalía del TPI no debe tener en cuenta las alegaciones presentadas por la "dictadura criminal" de Maduro para tratar de evitar dicho paso. Caracas ha esgrimido en estos últimos años que los posibles abusos fueron puntuales y que ya se han depurado responsabilidades.

Solórzano rechaza esta tesis, incidiendo en que fueron hechos generalizados y hubo una "cadena de mando". Tampoco considera que sean válidos los procesos judiciales llevados a cabo, "juicios expúreos que son una burla para las víctimas", en su opinión.

Bensouda --o su sucesor, llegado el caso-- tiene vía libre para visitar Venezuela cuando así lo considere, en virtud de un permiso que le confiere el Estatuto de Roma y del que no gozan otros funcionarios internacionales, por ejemplo de organismos como la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Organización de Estados Americanos (OEA) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Interrogada por las posibles reacciones que Maduro puede adoptar si finalmente 'Venezuela I' pasa a la siguiente fase y 'Venezuela II' se queda por el camino, Solórzano resta importancia a que el Gobierno no contribuya a las investigaciones --"igualmente no está colaborando"-- y recuerda que no se salvaría ni rompiendo 'a posteriori' con la corte de La Haya.

En este sentido, señala que el Estatuto de Roma seguiría "vigente" con respecto a los crímenes que se cometieron durante el periodo en el que Venezuela fue parte, es decir, que dar la espalda al tribunal no bastaría para que este perdiese su competencia.

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