El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, ha señalado este miércoles en Gijón que el Gobierno regional respaldará todas las iniciativas que permitan garantizar e impulsar la estabilidad presupuestaria como un instrumento que propicie el crecimiento y bienestar del país, pero ha advertido que no aceptarán ninguna que conculque el principio de solidaridad territorial que recoge la Constitución Española desde su aprobación.  

  Así lo ha manifestado tras una reunión con responsables de la Fundación Escuela de Negocios de Asturias (FENA) en la sede de esta institución. Cascos, que no ha querido valorar las nuevas medidas para reducir el déficit autonómico hasta no conocerlas en detalle, ha incidido en que el principio de estabilidad presupuestaria se incorporó a la Constitución el pasado mes de septiembre   

 Ha añadido, asimismo, que el principio de solidaridad territorial para favorecer la cohesión y, por tanto, reducir el déficit, será el principal esfuerzo que realice el Principado en defensa de los intereses no solo de los asturianos sino los generales de toda España. A su juicio, la estabilidad debe de ser compatible con la cohesión territorial y, en esta línea, apoyarán las medidas de Gobierno central adoptadas en esta materia.   

 Sobre el reparto de 8.600 millones de euros a las comunidades autónomas, Cascos ha indicado que cada autonomía tiene sus prioridades y ha aludido a los problemas de algunas de ellas para hacer frente a la nómina de sus funcionarios.   

 En el caso de Asturias, ha señalado que el problema es el recorte "sustancial" aprobado en diciembre por el nuevo Gobierno en las infraestructuras del Principado, a lo que ha recordado los ocho tramos de autovía paralizados y también la Variante de Pajares, sin olvidar los 800 millones de los fondos mineros suprimidos.   

 "Esas son nuestras prioridades", ha recalcado antes de instar a que en nombre de la solidaridad territorial no se haga recaer sobre la región una parte "desproporcionada" del recorte de gasto público anunciado por el Gobierno central.  

  Respecto a la posibilidad de reducir el número de organismos públicos regionales, ha señalado que ya figuraba en el programa electoral de Foro y ha citado el proceso de auditorías puesto en marcha, con el que se pueda radiografiar el sector público asturiano de cara a la toma de decisiones que, en algunos casos serán de privatización, en otros de reorganización o fusión y en los que se consideren innecesarios por el servicio que prestan se optará por la supresión.