Lunes, 25 de noviembre de 2024
Un fuente de energía autóctona
Castilla y León presenta una demanda conjunta con Aragón y Asturias en defensa del uso de carbón nacional
En un comunicado de la Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León, recogido por Europa Press, han criticado que el Gobierno de España "ha decidido no desarrollar ninguna acción para defender el carbón nacional a largo plazo".
La Junta ha acordado esta mañana un texto común con los gobiernos autónomos de Aragón y Asturias, a través del cual se desarrolla una demanda que se ha presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea con el objetivo de defender la producción del carbón nacional más allá del año 2018.
Las tres comunidades quieren eliminar la obligación de cierre en 2018 o la devolución de ayudas para aquellas explotaciones mineras que decidan continuar su actividad extractiva sin ayudas más allá de esta fecha y anular de la misma forma la obligatoriedad de reducir las ayudas para todos los países de la Unión en un 25 por ciento en 2013, un 40 por ciento en 2015, el 60 por ciento en 2016, y por último el 75 por ciento en 2017.
El nivel de reducción, según la propuesta, quedaría a elección de cada estado miembro, de acuerdo al grado de reestructuración de su minería
La Consejería ha considerado que el Gobierno de España "ha perdido dos momentos importantes para la defensa del carbón nacional". El primero fue el pasado año durante la presidencia española de la UE, "que hubiera permitido un escenario distinto de cara a la Decisión tomada por la Unión Europea el 10 de diciembre de 2010, en el que se establece el horizonte de 2018 para finalización de las ayudas al sector, pero sólo en el contexto de un plan de cierre".
De la misma forma, han añadido que "habría sido deseable que el Gobierno de España hubiera sido el que defendiera el carbón autóctono a través de esta demanda que ha tenido que ser presentada por Castilla y León, Asturias y Aragón". De hecho, consideran que coincide en sus planteamientos de la misma con las propuestas del Parlamento Europeo, aprobadas el pasado 23 de noviembre por mayoría.
La demanda, que se ha presentado en el Tribunal General de la UE, solicita la anulación del artículo 3.1, letras a, b y f, el artículo 3.3 y el artículo 7, apartados 2 y 3 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo.
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