China ha bloqueado este miércoles una resolución de condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al golpe de Estado militar en Birmania, en una sesión celebrada a puerta cerrada para abordar la nueva crisis política en el país asiático.

El organismo se habría reunido para debatir un documento presentado por Reino Unido, si bien la oposición de China, que cuenta con derecho a veto, ha impedido que fuera aprobado, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

Antes de la votación, la enviada especial de Naciones Unidas en Birmania, Christine Schraner Burgener, había instado a la "unidad" del Consejo de Seguridad para defender la democracia en el país asiático tras el golpe perpetrado el lunes por el Ejército.

Schraner Burgener también ha condenado "enérgicamente" frente a los miembros del Consejo las recientes medidas adoptadas por los militares, a los que ha urgido a "enviar colectivamente una señal clara en apoyo de la democracia en Birmania".

La enviada especial ha calificado los eventos que precipitaron la toma de control del Ejército como "sorprendentes e impactantes", ya que "parecía haber un compromiso por parte de los militares de salvaguardar el Estado de Derecho" y de resolver mediante mecanismos legalmente establecidos las disputas electorales.

El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la NLD y tras las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades.

Las quejas opositoras están encabezadas por el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), que mantiene lazos con el Ejército, si bien no ha presentado pruebas que demuestren un fraude. Pese a ello, las Fuerzas Armadas dejaron entrever su malestar por estas presuntas irregularidades.

Ante estas presuntas irregularidades, el Ejército detuvo este lunes a la líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, y a otros altos cargos del partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), y declararon el estado de emergencia durante un año.

Schraner Burgener ha constatado ante el Consejo de Seguridad la victoria de la NLD, algo que ha asegurado, "refleja la clara voluntad del pueblo de Birmania de continuar por el camino de la reforma democrática, ganada con tanto esfuerzo".

Además, ha pedido que se derogue el estado de emergencia y que se libere a los líderes detenidos, mientras que ha indicado que el proceso de litigio postelectoral debe reanudarse "con el compromiso total de ambas partes".

Así, ha añadido que "es importante que unamos nuestros esfuerzos para ayudar a garantizar que las fuerzas armadas respeten la voluntad del pueblo de Birmania y se adhieran a las normas democráticas".

PREOCUPACIÓN A NIVEL HUMANITARIO

Por otra parte, Schraner Burgener ha expresado sus preocupaciones a nivel humanitario de lo que puede suponer el golpe, ya que todos los vuelos, incluidos los de ayuda de la ONU, han sido suspendidos hasta abril.

"No podemos permitir un retroceso total" en Birmania, ha destacado, tras añadir que es "lamentable que se haya puesto en peligro la esperanza de un progreso continuo marcado por las elecciones del 8 de noviembre".

Una transición de poder "sin problemas" habría presentado "una oportunidad clave" para avanzar en la acción sobre cuestiones prioritarias, incluida la crisis de los rohingya, el fortalecimiento del estado de derecho y el avance de la reconciliación nacional y la protección de los derechos humanos para todas las diversas comunidades.

También el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, se ha mostrado "profundamente preocupado" por el golpe y ha pedido la liberación inmediata de los detenidos, a la vez que se garantiza un acceso humanitario sin restricciones.

CONDENA DEL G7 Y LA UE

Por otra parte, los países miembro del G7 --Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido--, así como el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, han mostrado su "unidad" al "condenar el golpe en Birmania".

"Estamos profundamente preocupados por la detención de líderes políticos y activistas de la sociedad civil, incluidos Suu Kyi y el presidente, Win Myint, así como por los ataques contra los medios de comunicación", han señalado en un comunicado conjunto.

Así, han reclamado al Ejército que "ponga fin inmediatamente al estado de emergencia, devuelva el poder al Gobierno democráticamente electo, libere a todos los detenidos injustamente y respete los Derechos Hmanos y el Estado de Derecho".

"Los resultados de las elecciones de noviembre deben ser respetados y el Parlamento debe reunirse cuanto antes", han sostenido, antes de recalcar que "las restricciones del Ejército a los flujos de información son profundamente preocupantes".

"Los civiles, incluida la sociedad civil y los medios, no deben ser objeto de represalias de ningún tipo. Pedimos también un acceso humanitario sin restricciones para apoyar a los más vulnerables", han manifestado.

Por último, han recordado su comunicado de 2019 en el que trasladaron su "compromiso" con "la transición democrática en Birmania, la paz y la rendición de cuentas por las violaciones y abusos de los Derechos Humanos". "Estamos junto al pueblo de Birmania que quiere ver un futuro democrático", han remachado.

El Ejército anuncia la creación de un

organismo ejecutivo que estará en pie

durante el estado de emergencia

El Ejército de Birmania ha anunciado la creación de un organismo ejecutivo que estará en pie durante el estado de emergencia decretado tras el golpe de Estado militar dado el lunes poco antes de que se conformara el Parlamento surgido de las elecciones legislativas celebradas en noviembre de 2020.

El organismo, que ha recibido el nombre de Consejo Estatal Administrativo, está integrado por un total de once personas y encabezado por el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, quien lideró la asonada, según ha informado el diario birmano 'The Myanmar Times'.

Este órgano ha sido creado a raíz del artículo 419 de la Constitución, que contempla que "el jefe de las Fuerzas Armadas al que le haya sido transferido el poder tendrá derecho a ejercer los poderes legislativo, ejecutivo y judicial".

Así, resalta que "podría ejercer el poder legislativo por sí mismo o a través de un organismo que le incluya". "Los poderes ejecutivos y judicial pueden ser transferidos y ejercidos por un organismo apropiado o por una persona adecuada", agrega.

El propio Aung Hlaing destacó a última hora del martes que las investigaciones en torno a las supuestas irregularidades electorales, en el fondo de la crisis, y la respuesta a la pandemia de coronavirus serán las prioridades de la junta, según ha informado el diario 'The Irrawaddy'.

"Durante el periodo de un año del estado de emergencia tenemos que priorizar los asuntos relacionados con las elecciones y la prevención, el control y el tratamiento de la COVID-19", sostuvo, en el marco de una reunión con el nuevo Gobierno, purgado de miembros de la gubernamental Liga Nacional para la Democracia (NLD).

En este sentido, resaltó que "sobre los errores en las listas de votantes, se realizará un análisis por parte de alguien conocido por su justicia". "Habrá acciones legales una vez se sepan las conclusiones", remachó Aung Hlaing.

En este sentido, informaciones que circulan en redes sociales apuntan a que los militares podrían estar sopesando imputar por traición a la hasta ahora líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, detenida durante la asonada, por lo que se expondría a una condena de entre 20 años de cárcel o la pena de muerte, según la agencia alemana de noticias DPA.

El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la NLD y tras las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades.

Las quejas opositoras están encabezadas por el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), que mantiene lazos con el Ejército, si bien no ha presentado pruebas que demuestren un fraude. Pese a ello, las Fuerzas Armadas dejaron entrever su malestar por estas presuntas irregularidades.

El Ejército, que cuenta con el 25 por ciento de los escaños en el Parlamento, según la Constitución, elevó el tono y el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, llegó a afirmar que la Carta Magna podría ser "revocada" días antes de la asonada.