Cinco personas han muerto y más de treinta han resultado heridas en los enfrentamientos entre la Policía peruana y manifestantes del sector minero que trataron de tomar el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, en Juliaca, región de Puno. Entre los fallecidos figuran un hombre que se encontraba en su domicilio y que fue alcanzado por una bala.

   Los altercados no han cesado totalmente, con lo que muchos locales comerciales permanecen cerrados. Los manifestantes siguen rodeando el aeropuerto, y de hecho algunos han entrado en la pista de aterrizaje.   

 El general del Ejército Herbert Rosas --que habla de seis policías heridos-- ha expresado a la multitud su deseo de dialogar y ambas partes acordaron cancelar los vuelos del viernes. Además, los manifestantes no serán reprendidos y podrán circular con libertad por las inmediaciones del aeropuerto.  

  Los manifestantes protestan por la falta de acción del Gobierno en un proyecto entre la comunidad quechua y el Ministerio de Energía y Minas para descontaminar la cuenca del río Ramis. El caudal está contaminado por los trabajos de minería y los habitantes del lugar esperan desde hace tres años que el Ejecutivo aporte los fondos necesarios. Por su parte los residentes en la provincia de Ayaviri denuncian la concesión de licencias mineras en esta zona, informa El Comercio.

REVOCACIÓN DE LICENCIA  

  Entretanto el Gobierno de Perú ha revocado la concesión de una licencia a la compañía minera canadiense Bear Creek, en Santa Ana, también en la región de Puno. Esta zona ha sido escenario de violentas refriegas en los últimos meses por culpa de los contenciosos en el sector minero.   

 Se "pone fin al proyecto minero Santa Ana y aplicará el procedimiento de consulta previa para las actividades mineras y petroleras ubicadas en el departamento de Puno", ha anunciado el Ministerio de Energía y Minas.  

  El presidente ejecutivo de Bear Creek, Andrew Swarthout, ha advertido de que la empresa tomaría acciones legales si se paraliza el desarrollo del proyecto de plata. Afirma que el Gobierno peruano aún no ha notificado formalmente su decisión, y adelanta que seguirá desarrollando ese proyecto, donde prevé invertir 340 millones de dólares, es decir, 239 millones de euros.  

  Ya en abril las autoridades rechazaron el estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María, de Southern Copper, una de las principales compañías cupríferas del mundo.   

 Perú es el segundo productor mundial de cobre y plata y el sexto de oro. De hechos, su producción de estos minerales representa cerca del 60 por ciento de las exportaciones de la nación.  

  Rufino Machaca, uno de los líderes de las protestas, asegura a Reuters que el colectivo espera a que el sábado sea publicada la decisión gubernamental en el diario oficial El Peruano para levantar la protesta.

    El presidente electo, Ollanta Humala, ha prometido resolver mediante el diálogo estos conflictos, que según el departamento oficial de Derechos Humanos han dejado un balance de un centenar de muertos en tres años y medio.