Sabado, 20 de abril de 2024
Urge acabar con las Autonomias
CiU contempla que el Govern pueda llevar al Estado a los tribunales si no paga deudas
El diputado de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre contempla que la Generalitat pueda llevar al Gobierno a los tribunales si no paga sus deudas con Catalunya.
Las ha cifrado en 978 millones de euros al sumar las liquidaciones de la disposición adicional tercera del Estatut correspondientes a 2008 y 2009.
En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha señalado que, si el Govern y la federación no logran arrancar estas inversiones durante la tramitación parlamentaria de las cuentas, "deberán activar todos los mecanismos al alcance para reclamar ese dinero".
"Nos dejaremos la piel negociando, y si no lo logramos deberemos activar todos los mecanismos a nuestro alcance para reclamar este dinero", ha respondido al ser preguntado sobre la posibilidad de recurrir a los tribunales para el pago de estas partidas.
Sin embargo, Sánchez Llibre ha subrayado en varias ocasiones que esa decisión es competencia de la Generalitat, y ha insistido en que el grupo de CiU en el Congreso negociará hasta el último día -el 24 de abril- para intentar modificar las cuentas.
"Si no paga estas deudas, el Estado tendrá un problema de credibilidad internacional y además le será muy difícil gobernar en contra de la voluntad del Govern y de CiU", ha advertido.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha reiterado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press que sería "absurdo" apoyar unos presupuestos que no cumplieran con Catalunya.
Aun así, ha insistido en la necesidad de intentar negociar las cuentas para mejorar su trato a Catalunya: "Es obligación del Govern intentarlo en la medida en que hay, aunque sea muy estrecha, una puerta abierta", ha señalado.
En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, el portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, ha subrayado que los PGE no solo incumplen con inversiones previstas en el Estatut de Catalunya, y ha cargado contra la "herencia envenenada" que dejó el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
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