El grupo parlamentario de CiU defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley que persigue que la lengua catalana pase a ser "un requisito imprescindible" para todos los miembros de la administración de justicia establecidos en Cataluña.

   Con esta iniciativa, cuya toma en consideración será votada por el Pleno, los nacionalistas catalanes quieren garantizar "el derecho efectivo" del uso del catalán ya que "no se ha podido conseguir" valorando el conocimiento del idioma como "un simple mérito".

   En su texto, CiU indica que "si bien en el ámbito de las administraciones públicas se han articulado soluciones a la pluralidad lingüística, la realidad demuestra que la Administración de Justicia se ha restado, en este sentido, poco permeable a la utilización de las lenguas oficiales que no sean el castellano".

ASÍ LO CONSAGRA EL ESTATUT

   Por ello, la proposición de ley de CiU busca una reforma de la Ley del Poder Judicial para garantizar el "derecho lingüístico" de los ciudadanos que utilizan los servicios de Justicia para recibirlos en catalán.

   "El Estatuto catalán consagra el derecho de opción lingüística de los ciudadanos, los cuales tienen derecho en las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las administraciones públicas de Cataluña a utilizar la lengua oficial que elijan --destaca CiU--. Y la Administración de Justicia no puede quedar al margen".

   Así, la proposición aboga en primer lugar por que se exija como requisito el conocimiento "adecuado y suficiente" del catalán a los jueces, magistrados, secretarios judiciales y personal de administración de Justicia destinados a esa comunidad.

Y SI NO, QUE SE HAGAN CARGO DE LOS GASTOS DE TRADUCCIÓN

   Es más, plantea que los profesionales que intervienen en las actuaciones judiciales (abogados, procuradores y otros) no puedan alegar desconocimiento del catalán y que, llegado el caso, se hagan cargo de los gastos de traducción.

   Asimismo, propone que las actuaciones judiciales y los documentos presentados en catalán tengan que tener efectos ante órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional y se establezca la obligación de que el Ministerio de Justicia o el órgano autonómico competente disponga "de lo que haga falta" para su traducción.

   Además, el grupo parlamentario que capitanea Josep Antoni Duran i Lleida plantea una reforma del la Ley que regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal con el fin de que el conocimiento del catalán afecte a la provisión de plazas en las fiscalías con sede en Cataluña.