En declaraciones a Europa Press, sus dirigentes denuncian la "confusión" generada en los centros educativos y las familias en torno a estas evaluaciones que se aplicarán o no conforme a la LOMCE según qué partido gobierna en cada comunidad autónoma.

   "La educación en los valores ciudadanos que los gobernantes deben promover incluye, sin duda, el respeto y acatamiento de las leyes, con independencia de que les parezcan más o menos afortunadas. En esto hay que ser serios", ha aseverado el presidente de CECE, Alfonso Aguiló.

   Este dirigente advierte de que existen "dos discursos" simultáneos: el de los políticos, por un lado, que dicen que no van a aplicar la ley "de cara a la galería", y los escritos que llegan a los centros.

   Para Aguiló, la evaluación es "importante" para diagnosticar y "situarse en el mapa", no para "castigar ni hacer ránkings". Asimismo, ha dicho que con estas pruebas externas se pretende hacer lo mismo que en la Sanidad: "medir los niveles de salud en base a unos parámetros y tomar medidas".

   No obstante, ha admitido que hay que buscar un "equilibrio" entre el Estado y las comunidades autónomas que permita la "vertebración" del sistema educativo español y a la vez se garantice la autonomía. A su juicio, esto debe acordarse dentro de un Pacto de Estado por la Educación.

   "La evaluación está cada vez más aceptada en España, pero lo que hay que hacer es un pacto y no desacatos a las pruebas establecidas, que no es ejemplar para los ciudadanos", ha añadido.

   En la misma línea, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha afirmado que el incumplimiento por parte de varios gobiernos autonómicos de una ley orgánica "aprobada democráticamente" es una "irresponsabilidad muy grave".

   Si bien ha reiterado que en esta organización no comparten "muchos" aspectos de la LOMCE, también ha subrayado que "no por eso hay que dejar de acatarla".

   "¿Qué mensaje trasladan a la ciudadanía no cumpliendo una ley?", se ha preguntado Alvira, para añadir que "lo mismo" habría que preguntarle a las asociaciones de padres de alumnos que proponen no llevar a los niños a clase estos días para evitar que sean evaluados. "Esto sí que es muy poco educativo", ha apostillado.

   El secretario general de Escuelas Católicas --que representa a más de 2.000 centros educativos, a los que pertenecen 1,2 millones de alumnos-- ha culpado a estas administraciones educativas de generar "incertidumbre" en los centros educativos, que "no favorecen nada el trabajo bien hecho" y la programación de sus actividades.

ARRANCA LA EVALUACIÓN DE PRIMARIA

   Más de 110.000 alumnos de 6º de Primaria de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja, todas ellas gobernadas por el PP, y de Ceuta y Melilla se someten desde este miércoles 11 de mayo a la primera jornada de la evaluación final que establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

   Sin embargo, la mayoría de las comunidades autónomas ni van a aplicar la evaluación como manda la ley. Cataluña ya hizo la suya la semana pasada y Navarra y Canarias, harán lo mismo, aunque todavía no han fijado una fecha. País Vasco es la única comunidad que no va a hacer ningún tipo de evaluación a sus alumnos de 6º de Primaria.

   Por su parte, las ocho regiones gobernadas por el PSOE --Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana-- acordaron la semana pasada sortear la LOMCE con una "evaluación individualizada" de los alumnos realizada por sus maestros y no por profesorado funcionario externo como marca la ley. Además, no implica que sean exámenes sino informes de cada alumno que tiene que validar una comisión externa.