Tellería está encausado también en el denominado caso Miñano por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales en el parque tecnológico de Álava. Sin embargo, en esta vista oral, será juzgado, junto a dos agentes de la Policía autonómica vasca, por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, así como de infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, en el denominado caso del espionaje. 

  Durante la investigación del Caso Miñano, en el registro realizado en el domicilio de Tellería se le ocupó el disco duro externo con seis documentos en formato Word en el interior de una carpeta que contenían datos, entre otros, de políticos y empresarios alaveses, ertzainas o periodistas. 

  En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, considera que los dos ertzainas, que pertenecían a la antigua Unidad de Información y Análisis en materia Antiterrorista en Álava, cometieron un delito continuado de violación de secretos, mientras que Tellería actuó como cooperador necesario. Uno de los agentes era el jefe del grupo y el otro dependía directamente de él. 

  En su escrito, el Ministerio público recuerda que Aitor Tellería Lanbarri, en el momento de los hechos, era miembro del ABB del PNV y, entre sus tareas, "estaba la de recibir, tratar y canalizar todas las informaciones anónimas o denuncias de tipo político" que llegasen a esta formación en territorio alavés.

AL SERVICIO DE TELLERÍA 

  En este sentido, asegura que los tres acusados, "puestos de común acuerdo en un momento indeterminado anterior a junio de 2008", decidieron que los dos agentes "prestarían servicios al señor Tellería, consistentes en recabar información en su actividad policial para pasársela, o bien investigar la que éste les hiciese llegar". 

  De esta forma, según la Fiscalía, los ertzainas propusieron al miembro de la Ejecutiva alavesa del PNV "listas de personas con las que establecer contacto, mantener entrevistas con ellas, hacer seguimientos, utilizar la información o datos de carácter personal de terceras personas que se hallaban registrados en ficheros, soportes informáticos, archivos o registros propios de la Ertzaintza o de los que aquéllos tuvieran conocimiento por razón de su cargo y que no debían ser divulgados". 

  Para el Ministerio Público, "como consecuencia del proceder de los acusados y el tráfico ilícito de información", se puso "en serio riesgo la vida, la seguridad y la honorabilidad de las personas referidas en las fichas y que figuraban en las bases de datos de la Ertzaintza como fuentes o colaboradores en atención a la actividad de la organización terrorista ETA".