La concentración ante el Registro Civil Central, situado en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid, tendrá lugar de 10.30 a 11.30 horas; mientras que el resto de movilizaciones han sido convocadas entre las 11.30 y las 12.30 horas en el resto de Registros Civiles. 

  Las plataformas sindicales denuncian que los ciudadanos pagarán por una doble vía por el mantenimiento del Registro Civil: a través de aranceles que grabarán algunas inscripciones y a través de impuestos. Recuerdan que todos los actos hasta ahora "gratuitos" se pagaban vía impuestos.

   Destacan además que los datos relativos al estado civil deben ser recogidos de "modo fidedigno" y custodiados en archivos oficiales, con lo que la privatización perjudicará a la mayoría de la población. 

  Los sindicatos exigen al Ministerio de Justicia que de marcha atrás en su decisión de entregar los registros civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y que garantice los puestos de trabajo del personal titular e interino destinado en estas oficinas.

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS 

  Según ha informado en un comunicado el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la "privatización" del Registro Civil se basa en "un presupuesto falso" que la justifica como la única alternativa posible a los problemas del Registro Civil. Sin embargo, el verdadero "problema" es el "abandono continuado" de los sucesivos gobiernos que no lo han dotado de suficiente y medios materiales modernos. 

  En la actualidad, existen 431 Registros civiles principales, junto a más de 7.000 juzgados de paz con competencias en materia de Registro civil bajo el servicio de unos 3.500 funcionarios de la Administración de Justicia, que "perderán su plaza" y serán "reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales". "No se garantiza, ni siquiera, el mantenimiento de las retribuciones de origen y tampoco que no sean reordenados mediante procedimientos de movilidad geográfica forzosa", añade. 

  "Las consecuencias para los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia serán nefastas, se destruirá empleo y pasaremos a ser títeres para el Ministerio de Justicia, que ha abierto la puerta para movernos a su capricho, sin respetar nuestros derechos a la conciliación de la vida personal y familiar", advierte.

   Critica que la reforma se producirá después de haber invertido unos 128 millones de euros en modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles, una inversión pública que se aprovechará para una gestión privada. 

  Por su parte, CCOO ha reclamado en un comunicado la retirada del borrador del anteproyecto de ley porque "no busca mejorar el servicio público del Registro Civil, sino únicamente consolidar la posición de un pequeño colectivo, los registradores de la propiedad y mercantiles, asegurándoles su negocio en tiempos de crisis y convirtiéndoles en el Gran Hermano registral al que habrá que pagar por cualquier servicio".