La Sala del 61 del Tribunal Supremo concluye en el auto en el que prohíbe la inscripción de Sortu en el registro del Ministerio del Interior que en este caso se aprecia la misma "técnica de desdoblamiento operativo" que ha permitido ilegalizar otras marcas de la izquierda abertzale, ya que es ETA la que controla el proceso iniciado por el nuevo partido para mantenerse en las instituciones democráticas.

   Así se desprende de uno de los razonamientos del auto dado a conocer hoy por el diario El Mundo, relativo al análisis que el alto tribunal hace de un documento denominado "Proceso Democrático: reflexión sobre la alternativa para la solución democrática del conflicto político y para el reconocimiento de Euskal Herria", que fue incautado en abril de 2010 en el despacho de la abogada habitual de ETA Arantza Zulueta, encausada por presunta pertenencia a la banda terrorista.

   A juicio del alto tribunal, lo dicho en este documento "presenta muchas claves de lo que acontece en los meses siguientes", y anticipa algunos de los movimientos que posteriormente realiza la Izquierda Aberzale, entendida como Batasuna,  como es la alianza con Eusko Alkartasuna (EA) en junio de 2010 "y que parece intensificarse en estos momentos", según apunta la Sala.

PASO PREVIO A LA NEGOCIACIÓN 

  Otros movimientos anunciados serían la obtención de apoyos internacionales al "proceso democrático" (declaración de Bruselas) y la puesta en marcha de un escenario de legalización de Batasuna "como mínimo democrático, como paso previo a la negociación que se reserva la banda terrorista con el Estado".

Todo ello acompañado, apunta, de comunicados en los que la propia ETA va mostrando su satisfacción según los distintos pasos que se van dando. 

  La Sala imputa la autoría de este documento a ETA "por razón de su contenido y el lugar donde fue intervenido", y destaca que el propio informe justifica su necesidad en "la definición de un nuevo proceso democrático después del abandono del anterior en el año 2008, al fracasar la negociación política entre el Estado y ETA". 

  Precisamente la expresión "proceso democrático" incluida en los estatutos de Sortu, fue uno de los indicios apuntados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus demandas contra la nueva formación abertzale. 

  Además, el alto tribunal aprecia similitudes importantes entre este documento y otros presentados meses después por la izquierda abertzale para la realización de un debate entre sus bases, tales como el denominado "Zutik Euskal Herria", que según se explicó en la vista celebrada para estudiar este asunto la semana pasada "sintetizaba un intenso debate producido en el seno de la izquierda abertzale que habría conducido al rechazo de la violencia y de ETA".

ESTRATEGIA DE ENGAÑO

   El auto destaca igualmente la necesidad de "una estrategia de engaño", de mantener reserva entre ETA y los dirigentes de Batasuna sobre aspectos esenciales del proceso, "de manera que una cosa es como se presenta el proceso democrático en el ámbito público y otra la realidad de dicho proceso". 

  En cuanto el papel asignado a ETA, el auto apoyado por 9 de los 16 magistrados del Tribunal Supremo señala es que es el de "llave que abre el proceso en su primera fase", la de los "mínimos democráticos", y de ahí el comunicado de alto el fuego del pasado 10 de enero, que se produce los días previos a la presentación de Sortu en el Palacio Euskalduna de Bilbao (7 de febrero), con la asistencia de dirigentes de Batasuna como Aranztza Zulueta, e Iñaki Goyoaga. 

  Según el Supremo, en el documento de ETA se define proceso democrático como el que lleva a cabo la izquierda abertzale para modificar la situación jurídico-política de lo que se denomina Hego Euskal Herria (las tres provincias vascas y Navarra) para adaptar su status político a su voluntad.  

Otra conclusión del Supremo al respecto es que ETA "se siente debilitada", así como su brazo político, al que denomina constantemente izquierda abertzale (siempre con mayúsculas), identificándolas con las organizaciones ilegalizadas (Batasuna)".

   El objetivo de la organización, según fragmentos del documento recogidos en el auto del Supremo, es "abrir un proceso que levante los topes de los Estados de las raíces del conflicto político, y por tanto el que debe conllevar superar para siempre el conflicto político y la expresión armada".