En una sentencia hecha pública esta tarde, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal madrileño ha impuesto la misma pena al ex concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas y a Valentín Gómez Morán.   

En la resolución, cuyo fallo fue leído por el presidente de este órgano, Francisco Javier Vieira, los magistrados esgrimen que su intervención fue de "singular relevancia en los hechos" en relación a la aprobación en el Pleno de 26 de noviembre de 2001 de un convenio con la sociedad Patrimonio Siglo XXI para la construcción de 107 viviendas de carácter social. El acuerdo se firmó entre el Ayuntamiento y esta empresa para ceder unas parcelas municipales a cambio de la construcción de estas viviendas.

   Además, se ha condenado a siete años de inhabilitación a la diputada regional Esperanza Rozas; a Julia López Jiménez; a María del Mar González Romero; a Josefina Ginovart Amorós; a María de los Desamparados Gallego Alfaro; y a Francisco Montero Almirón.

   Los abogados de Rollán y de Rozas, Antonio González Úbeda y Wilfredo Jurado, han anunciado que recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo al estar en desacuerdo. "Habrá un recurso seguro para luchar contra esta sentencia porque es una injusticia manifiesta", ha aseverado Jurado al conocer la resolución.

   La ex Corporación Municipal de Torrejón de Ardoz fue juzgada en el mes de diciembre por el TSJM. El teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría pedía para todos los imputados ochos años de inhabilitación por la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y Patrimonio Siglo XXI para la construcción de unas viviendas sociales, ya que consideraba que, al salir adelante, se había incurrido en un delito de prevaricación.

MECANISMO ENGAÑOSO  

  En la sentencia, la Sala explica que en el Pleno se aprobó "un convenio tendente, entre otros extremos, a la enajenación de ciertos terrenos de propiedad municipal que tenían consideración jurídica de bienes patrimoniales", por lo que se rige conforme a la normativa reguladora de la contratación de Corporaciones locales.

   Según la Ley, "las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública", con la excepción de "la enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario".

   "Se establece así con toda evidencia una tajante línea de partida cuyo incumplimiento nos sitúa de lleno en el ámbito de la ilicitud", ha recalcado la Sala, que añade que "el recto acatamiento de la regulación hubiera debido impedir que la Corporación municipal implicada pudiere predeterminar de antemano, a través de sus mandatarios, la identidad del contratante con el que se habría de concertarse el negocio jurídico que sus redactores buscaban".   

La sentencia señala que "el procedimiento intentado para defraudar los sensatos mandatos del legislador consistió en acudir al juego de la única excepción que se repite en todas las disposiciones aplicables, esto es a la añeja figura convencional del canje, trueque o permuta".   

"Acaece, sin embargo, que el contenido concreto del pacto al que a través de tal vestidura se trataba de legitimar, no encajaba, ni de lejos, dentro de las costuras de tan vetusto como, en general, lícito negocio jurídico".   

Así, concluye que "la pretensión de calificar este pacto como constitutivo de un trueque o una permuta, no entrañaba en realidad sino el recurso, similar al de los juegos de prestidigitación, que consistía en acudir a un mecanismo engañoso, y hacerlo, además, de una forma rudimentaria para ignorar la Ley".   

"Se trató, en fin, de una forma de proceder que esta sala debe considerar como una farsa pseudo-jurídica inconsistente, burda, clamorosa y, en suma, esperpéntica".

   Por ello, el TSJM da validez al informe del secretario municipal en su informe de 23 de noviembre de 2001 en el que indicaba que "no puede existir permuta si no existe una reciprocidad de dar y recibir una cosa". 

INFORME MUNICIPAL  

  En el juicio, que se celebró el pasado mes de diciembre, Rollán recalcó ante la sala de lo Civil y Penal que el secretario municipal en ningún momento intervino en el Pleno para hacer constar que había elaborado un informe contrario a la legalidad del convenio a votar, así como de su contenido.

   Además, indicó que no tenía constancia de que ese informe estuviera incluido en el expediente y en la carpeta de los puntos a debatir en el Pleno del 26 de noviembre de 2001, algo que también declararon otros acusados como el ex concejal de Urbanismo y actual portavoz socialista, Francisco Martín Rojas, y Julián López Jiménez.

   A preguntas del fiscal sobre si tenía conocimiento de la ilegalidad del convenio, Rollán reseñó que "en ese momento no había motivo de dudar de la legalidad del expediente", puesto que había sido planteado por el concejal de Urbanismo en la comisión previa y en la reunión de grupos municipales, a lo que se añadía los informes técnicos que avalaban la firma.

  "En el momento de votar, no tenía elemento que me llevase a dudar de la legalidad. Estaba absolutamente convencida de solucionar un problema grave de 107 familias en peligro. Si no hubiera habido informes favorables, no se hubiera realizado", indicó en su momento Rollán.