Domingo, 24 de noviembre de 2024
Filtración de Wikileaks
Conde-Pumpido y Zaragoza, citados como colaboradores de EEUU
Según este periódico, EEUU maniobró en la Audiencia Nacional a través de su Embajada en Madrid, llegando a "utilizar" a fiscales y altos cargos españoles. De esta forma, cita una frase textual de Eduardo Aguirre, embajador estadounidense en España durante la etapa del presidente George W. Bush. El jefe de la legación llegó a advertir al Gobierno: "Se me está acabando la paciencia".
Concretamente, el diario de Prisa cita la utilización de fiscales y altos cargos españoles, entre ellos Conde-Pumpido y Javier Zaragoza, para interferir en las investigaciones abiertas por el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en Guantánamo. Estas personalidades "o bien aportaron a la embajada información precisa sobre la instrucción judicial o bien favorecieron el archivo de los casos".
Una de las conversaciones registradas posteriormente en un cable --el informe "confidencial" del 19 de julio de 2007-- recoge que Conde-Pumpido transmitió al embajador Aguirre que él quería archivar el caso Couso. En este sentido, El País asegura que ayer lunes, antes de la publicación de esta información, el fiscal general del Estado explicó a este diario que "a veces traslada información a EEUU, pero que siempre son datos públicos facilitados a petición de la embajada".
85.000 EUROS POR CADA PRESO DE GUANTÁNAMO
En los documentos diplomáticos filtrados por el portal Wikileaks figuran cientos de telegramas enviados por las Embajadas de Estados Unidos y el Departamento de Estado durante los dos últimos años y que revelan parte de los problemas que heredó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para ubicar a los presos de la cárcel de Guantánamo.
El Gobierno de Barack Obama trató de contrarrestar las serias dificultades que encontró para que los presos de la cárcel de Guantánamo (Cuba) fueran acogidos en otros países ofreciendo cantidades de dinero a los Gobiernos que accedieran a ello.
Entre ellos, Washington llegó a ofrecer al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hasta 85.000 dólares por cada preso que acogiera en España, según El País. Finalmente, España aceptó a tres presos de Guantánamo, un palestino, un yemení y un afgano.
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